MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU quiere que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, expongan en el Congreso su diagnóstico sobre la situación de la Justicia y lo hagan antes del próximo 18 de febrero, fecha en la que un sector de los jueces ha convocado una huelga. Además, los nacionalistas catalanes consideran necesario que la Cámara cite a otros agentes de la Justicia para recabar su opinión sobre el funcionamiento de los juzgados.
Así lo anunció hoy el portavoz de CiU en la Comisión de Justicia, Jordi Jané, quien apuntó la conveniencia de que en primer lugar se explique en el Congreso el presidente del órgano de gobierno de los jueces, que aún no ha comparecido en la Cámara Baja, y que después, en otra sesión, se escuche a Bermejo.
Precisamente, la Diputación Permanente del Congreso debatirá mañana dos peticiones de IU para que Bermejo y Dívar expongan su valoración sobre la situación de la Justicia y las reclamaciones de los jueces. También esta formación, que comparte grupo con ICV y ERC, ha solicitado que estas comparecencias se sustancien antes del 18 de febrero.
OÍR A LOS NO ASOCIADOS
Aunque insistió en la conveniencia de que el ministro y el presidente del CGPJ informen al Congreso antes del primer paro, Jané precisó que CiU no apoyará el jueves una comparecencia extraordinaria antes de febrero porque cree que debe darse tiempo a ambos para preparar sus intervenciones y dotarlas de contenido.
Lo que reclaman los nacionalistas catalanes es que Dívar y Bermejo lleguen a la Cámara con una 'hoja de ruta' que incluya propuestas concretas para solucionar la situación de la Justicia así como un calendario y un presupuesto para su aplicación.
Pero, además, CiU considera conveniente que el Congreso escuche también a otros agentes del mundo de la Justicia. Jané recordó que los grupos parlamentarios podrán proponer que se cite a representantes de todos los sectores relacionados con la Judicatura en el marco de la tramitación del proyecto de ley para la creación de la nueva Oficina Judicial.
El PSOE ya ha demandado que den su opinión en el Congreso los representantes de las asociaciones judiciales, pero Jané cree que los parlamentarios también deberían tener en cuenta los planteamientos que puedan realizar, por ejemplo, los jueces no asociados, que suponen más del 50 por ciento de la carrera.
UN PACTO DE ESTADO DE TODOS
El objetivo de los nacionalistas catalanes es que, tras escuchar a todos los sectores afectados todas las fuerzas políticas puedan suscribir un Pacto de Estado por la Justicia, dado que éste es un asunto que afecta a todos los ciudadanos, y que no debe suscribirse a un acuerdo entre PSOE y PP.
Respecto a las reivindicaciones de las asociaciones judiciales, Jané aseguró que éstas "están cargadas de razón" y que los déficits de los que se quejan pueden constatarse tan sólo con acudir a un juzgado. Eso sí, reiteró que la huelga "encaja mal" con la función jurisdiccional de los jueces y que, de realizarse, los ciudadanos se quedarían sin la tutela judicial efectiva que establece la Constitución.
"La Justicia está en la UVI y lo que necesita son más recursos y más atención y no que la dejen desatendida", comentó el portavoz de CiU, quien se afanó en reclamar que los cuidados que se le den nazcan del consenso de todos los grupos parlamentarios.