Actualizado 13/01/2009 21:08 CET

Jueces.-El PSOE avisa, tras una reunión con Bermejo, que la amenaza de huelga no va a condicionar su agenda legislativa

El Gobierno impulsará este año reformas de la instrucción penal, del Poder Judicial y del acceso a la carrera judicial

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y los responsables del PSOE en materia de Justicia confirmaron hoy su intención de enviar este año al Parlamento varios proyectos de ley en materia judicial y subrayaron que la amenaza de huelga de los jueces no condicionará su agenda legislativa, según informó a Europa Press el secretario ejecutivo de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta.

Cuesta recalcó que la amenaza de huelga de los jueces "no va a condicionar la agenda política y parlamentaria" de los socialistas, que mantienen para este año sus proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal --incluido el proceso de instrucción-- y el acceso a la judicatura, así como la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que supondría cambios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para ello, aseguró que los socialistas buscarán "mayorías parlamentarias sin exclusiones, con todos los grupos parlamentarios". La reunión de hoy, en la que participaron unos 70 responsables socialistas, era un encuentro de trabajo programado desde hace tiempo, pero los asistentes aprovecharon para analizar la situación creada por la amenaza de huelga planteada por las asociaciones judiciales y respaldar la posición de Bermejo.

En este sentido, Cuesta afirmó que la amenaza "es decepcionante y perjudica el prestigio social de jueces y magistrados", lo cual "es impropio de las asociaciones de jueces". Cuesta recordó que entre las reivindicaciones planteadas por las asociaciones hay cuestiones que competen al Parlamento --que tramitará la implantación de la nueva Oficina Judicial-- y que "al Parlamento no se le puede presionar". "Es intolerable, pretendidamente en nombre de los jueces, presionar al Parlamento", recalcó.

Por ello, insistió en que el Ministerio de Justicia "está abierto al diálogo siempre que se trate de las condiciones del ejercicio de la actividad jurisdiccional" y que ese diálogo debería llevarse a cabo también con comunidades autónomas y CGPJ, pero que "el programa político (del Gobierno) no es dialogable con ellos" y "mucho menos con amenazas" de las asociaciones judiciales.

LAS PALABRAS DE TRILLO, "CONFUSAS"

Además, calificó de "confusas" las palabras del responsable de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, que aunque no respaldó la posibilidad de una huelga avisó de que el Pacto por la Justicia alcanzado por los partidos mayoritarios en verano quedará roto si el Gobierno no atiende las demandas de los jueces.

"Las manifestaciones de Federico Trillo son confusas y no son acordes a los que debe ser la autonomía de la política y del Parlamento en su función", estimó el diputado, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso.

A la reunión en la sede del PSOE acudieron, además del ministro Bermejo y el propio Cuesta, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín; la secretaria de Política Institucional y Autonómica, Mar Moreno; los consejeros de Justicia autonómicos del PSOE y los responsables de Libertades Públicas y Política Institucional del partido de todas las federaciones.

En ella, los socialistas subrayaron que centrarán su atención en sacar adelante el proyecto de reforma de la Oficina Judicial, que ya ha sido enviado al Parlamento y que pretende modernizar y hacer más eficaz la justicia quitando a los jueces algunas funciones no jurisdiccionales --como el señalamiento de las vistas--.

La segunda prioridad, explicó Cuesta, es la reforma parcial del Código Penal que incluye refuerzo de penas para terroristas y pederastas, y que ha sido acordado con el PP y aprobado por el Consejo de Ministros, y ahora deberá afrontar el trámite parlamentario. El Ejecutivo quiere seguir también adelante con la modernización y la reforma del Registro Civil con el fin de mejorar sus medios materiales.

TERMINAR CON EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN

Pero además, aseguró que el Gobierno se propone presentar este año el pryecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que propondrá un nuevo modelo de instrucción penal, de modo que desaparecerán los jueces de instrucción y esta labor quedará en manos del fiscal, bajo la vigilancia de un "juez de garantías".

En cuarto lugar, el Gobierno mantiene su plan de modificar las normas de acceso a la carrera judicial y, aunque se mantendrán el sistema de oposiciones, el objetivo es terminar con los 'preparadores privados' y adecuar su preparación al sistema de enseñanza universitaria.

Asimismo, entre los proyectos de ley que el Gobierno quiere enviar este año al Parlamento está la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluiría reformas en el CGPJ --por ejemplo que éste cese automáticamente cuando transcurra cierto plazo desde la expiración de su mandato--.