Jueces.- De la Vega abre la puerta a prohibir por ley la huelga de jueces, aunque aclara que no es prioritario

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primer del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que el Ejecutivo estudiará una reforma legal que deje claro que los jueces no pueden hacer huelga, tal como señaló ayer el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, pero dejó claro que éste no es un asunto prioritario.

"Ese tema habrá que abordarlo, ya se abordará en su momento", dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada por las palabras del ministro Bermejo. La portavoz del Gobierno precisó que se acometerán todas las reformas "que se consideren oportunas" para la Administración de Justicia, y puntualizó: "También ésta se abordará".

Sin embargo, quiso destacar que lo "prioritario" para el Gobierno en este momento es "modernizar la administración de justicia" y resolver los "problemas que de verdad tiene la justicia". Para ello, añadió, el Ejecutivo sigue tendiendo la mano a todo el mundo y seguirá adoptando medidas y, por eso, considera que la huelga judicial del pasado martes "no estaba justificada, por encima de cualquier otro debate".

Tras la jornada de paros, Fernández Bermejo había adelantado ayer que se propone regular "el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos", desde la perspectiva de que un poder del Estado no puede ir a la huelga. No obstante, los grupos parlamentarios se han mostrado en contra de una legislación "a golpe de titular" y han advertido de que no la apoyarían en este periodo de sesiones.

No obstante, fuentes gubernamentales aclararon que el Ejecutivo no se plantea un horizonte tan inmediato, sino que estudiará esta reforma a más largo plazo. En cambio, el Ejecutivo sí se plantea llevar a las Cortes incluso antes del verano la reforma del régimen disciplinario de los jueces, una decisión tomada a raíz de que el juez Rafael Tirado, responsable del juzgado que no ejecutó la pena de prisión que pesaba desde 2002 sobre el presunto asesino de la niña Mari Luz, fuera sancionado con sólo una multa de 1.500 euros.