SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, ha ordenado a la Junta que aporte copia "compulsada e íntegra" de 40 nuevos expedientes relativos a ayudas sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo a determinas empresas o entidades, con lo que ya son 107 las empresas investigadas en relación al llamado 'fondo de reptiles'.
La juez Alaya indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Pues bien, en un auto dictado el pasado día 14 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada hace mención al auto de 16 de abril en el que requería a la Policía Judicial que investigara las ayudas sociolaborales concedidas a un total de 24 empresas, "entre ellas ayudas a ayuntamientos y empresas vinculadas a la localidad de El Pedroso", extremo "a los que no se dio cumplimiento por la Policía", lo que le lleva a requerir "directamente" a la Junta "a fin de que aporte los expedientes relativos a las ayudas concedidas" a esas 24 empresas.
Tras aclarar que, en dicho auto, "por error se solicitó el expediente de la ayuda otorgada al Ayuntamiento de Santiponce, cuando en realidad la ayuda consignada se refería al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto y ascendente a 871.467 euros", la juez señala que, además de tales expedientes, previo muestreo de la relación de expedientes tramitados entre los años 2000 y 2010 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), "y teniendo en cuenta la cronología, importancia de las cantidades otorgadas y las circunstancias de algunas empresas beneficiarias", procede requerir a la Junta copia de otros expedientes incoados para la concesión de ayudas.
AYUDA A MINAS DE RIOTINTO
De esta forma, y sumados a los ya solicitados por medio del auto de 16 de abril, la magistrada pide 40 expedientes nuevos, los cuales "se unen a los 67 que son objeto de estudio", haciendo un total de 107. Entre las ayudas, destacan la concedida entre 2009 y 2010, por valor de un millón de euros, a la Federación de Industrias Afines de UGT, así como la ayuda dada a Cervezas Alhambra S.L. --3,7 millones en 2003 y 559.000 euros en 2010--; 6,3 millones en 2011 a Yogures Andaluces S.A., o la ayuda de 2 millones otorgada entre 2007 y 2010 a Autologística de Andalucía.
También destacan los 1,2 millones de euros dados a Arcadia Emprendedora S.L., y a Corral del Conde de Sierra Monrena, empresas ubicadas en El Pedroso; los 3,2 millones otorgados a Fábrica San Carlos, y la ayuda dada a Minas de Riotinto S.A., aunque en este caso no cuantifica la ayuda otorgada por la Administración autonómica.
BUFETE OLIVENCIA BALLESTER
Por otro lado, "y de lo que resulta de las cantidades abonada por IDEA entre 2000 y 2010", requiere a la Junta "para que remita copia compulsada de contrato de servicios y facturas por asesoramiento" del Bufete Olivencia Ballester --en este caso apunta la existencia de dos facturas de marzo de 2002, ascendente a 104.000 euros, y de julio de 2002, de 15.000 euros--; de Estudios Jurídicos Villasís --en concreto once facturas de 2002 que no superan los 15.000 euros cada una--, y de Alpha Corporate --14 facturas que no superan, cada una de ellas, los 150.000 euros--.
La juez, que solicita además las historias registrales de una serie de entidades ubicadas en El Pedroso, acuerda solicitar el auxilio jurisdiccional de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello "a fin de que los expertos que se determinen por dicho organismo participen y cooperen en directo entendimiento con los agentes de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa encargados de la investigación".
LA SEGURIDAD SOCIAL PIDE PERSONARSE
Por otra parte, la Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social ha presentado un escrito en el que vuelve a pedir a la juez personarse en la causa al objeto de "defender los intereses de la Seguridad Social y el interés general", y asevera que esta personación, que fue rechazada inicialmente, "hubiera permitido una colaboración más rápida y fructífera entre el Juzgado y la Dirección General". En el mismo escrito, el director general de la Tesorería, Javier Aibar, pide la relación de los trabajadores afectados por la investigación.
Sobre este particular, la juez se limita a requerir a la Tesorería General de la Seguridad Social "para que faciliten de manera inmediata a los agentes de la Guardia Civil toda aquella información que se les solicite en el marco de las investigaciones que se le tienen encomendadas, entre las que se encuentra comprobar la efectiva prestación de servicios, por cuenta propia o ajena, de trabajadores incorporados como beneficiarios".
Asimismo, dice que, "entre los fines de la investigación se encuentra identificar quién o quienes son estos trabajadores, por lo que difícilmente pueden ser relacionados y anticipados a la Dirección General", mientras que, sobre la personación de la Tesorería, aduce que "no consta escrito instando su personación, ni la resolución de este Juzgado respecto a su procedencia".
