El juez envía a prisión a los 7 CDR porque integran la organización ERT, que busca la república por vía violenta - Óscar Cañas - Europa Press - Archivo
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga la filtración a medios de comunicación de información obrante en el sumario de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional, ha acordado el archivo de este caso al no ver ningún delito de revelación de secretos ya que la causa "ya no era secreta" cuando se publicaron las noticias.
En un auto con fecha del 13 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor explica que gracias a un "exhaustivo y brillante informe" de la policía judicial a la que se encomendó la investigación de la filtración, ha "acreditado extremos que aclaran de una manera fehaciente los hechos denunciados".
Da por "acreditado que la causa ya no era secreta y que todas las partes de la misma recibieron copia mediante una plataforma digital o 'cloud'", añade la resolución. "Ningún funcionario judicial o policial filtró las actuaciones a la prensa, sino únicamente que el funcionario dio traslado de las mismas a una parte --por problemas informáticos-- cuando no eran secretas", apostilla.
El juez continua su exposición señalando que hay que tener en cuenta que cuando esto ocurrió todas las partes tenían ya acceso a las actuaciones "y además de un número indeterminado de personas", a lo que se suma que los periodistas que publicaron dichas informaciones se acogieron a su derecho a no revelar las fuentes de información.
HIPOTÉTICA INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA
Por todo ello, el juez Carretero, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, acuerda el archivo de las actuaciones al entender que "estaríamos ante una hipotética investigación prospectiva sin datos objetivos para la misma y que podría vulnerar los derechos fundamentales de personas totalmente inocentes y ajenas a la filtración".
La investigación comenzó después de que las defensas de los CDR detenidos el 23 de septiembre de 2018 y que estuvieron unos tres meses en prisión provisional, denunciaran ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, instructor de esta causa por terrorismo, que pese a que el procedimiento había sido declarado secreto.
Los abogados aseguraron que estaban apareciendo en los medios de comunicación detalles del modo en que se había desarrollado el operativo policial y filtraciones "masivas" de las diligencias sumariales, por lo que solicitaron la incoación de pieza separada encaminada a averiguar la autoría de las filtraciones denunciadas. El juez de la Audiencia Nacional, con el visto bueno del fiscal, acordó el desglose de los referidos escritos y su remisión al Juzgado Decano de Madrid, por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.
Fue entonces cuando el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el juez Juan Carlos Peinado, comenzó a practicar diligencias de investigación y citó a declarar como investigados a periodistas de ocho medios de comunicación --El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, la Cadena Ser y RTVE--.
FISCALÍA TAMPOCO VIO DELITO
Finalmente, estas citaciones quedaron sin efecto después de que la Fiscalía Provincial de Madrid las recurriera al considerar que los periodistas no son "responsables de la infracción penal que es objeto de la instrucción de la presente causa" y por tanto "no cabría dirigir el procedimiento contra los mismos en calidad de investigados".
El juez Peinado acordó el sobreseimiento de sus actuaciones, por lo que las remitió al caso sobre el mismo asunto que ha estado instruyendo el Juzgado de Instrucción número 47 para que las acumulara.
UN "ÚNICO ELEMENTO OBJETIVO DE SOSPECHA"
Aún así, el juez Carretero apunta en su auto que el "único elemento objetivo de sospecha" que existe para averiguar las filtraciones en presa del sumario de los CDR fue la noticia aparecida en un diario el 8 de noviembre de 2019, en la que se hacía constar una marca de agua que podría ayudar a esclarecer los hechos.
Si bien, el magistrado indica que está "documentado" que el secreto sumarial se levantó por un auto del juez Castellón el pasado 21 de octubre y que fue notificado a todas las partes, "por lo que en la fecha de publicación del artículo, las actuaciones ya no eran secretas, sino que tenían un carácter reservado que predica el artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
