La causa está en el aire desde que Ghali salió de España rumbo a Argelia
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado al activista saharaui Fadel Breica para que el próximo 29 de junio declare sobre las torturas que habría sufrido a manos del Frente Polisario, en el marco de la investigación desarrollada por el Juzgado Central de Instrucción Número 1 sobre el líder de la organización, Brahim Ghali, por presuntas violaciones de los Derechos Humanos.
Pedraz ha accedido así a la petición formulada por los abogados de Breica en un escrito donde le planteaban que escuchara su relato y el de otros testigos --su mujer y otras dos personas que habrían sido detenidas y liberadas a la vez que el activista saharaui y habrían presenciado los abusos denunciados--. Los cuatro comparecerán a partir de las 10.00 horas del 29 de junio, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.
Al mismo tiempo, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) --que firma otra querella contra Ghali y otras 27 personas-- ha solicitado nuevas diligencias, proponiendo al magistrado que tome declaración como testigos a tres personas que también habrían sido víctimas de torturas por parte del Polisario, adjuntando el informe psicológico de una de ellas.
Por su parte, la defensa de Ghali ha pedido a Pedraz que archive la causa contra su cliente, aunque mencionando únicamente la querella de ASADEDH y otra presentada el pasado mes de abril por otras dos supuestas víctimas, argumentando que la imputación que formulan en su relato de los hechos es "genérica e inconsistente", con "nulo rigor".
Las acusaciones contra Ghali, expone su abogado, Manuel Ollé, en el escrito --al que ha tenido acceso Europa Press--, se basan fundamentalmente en que por aquel entonces era ministro de Defensa, si bien en este sentido subraya que como tal estuvo dedicado "en exclusiva" a la guerra contra Marruecos, por lo que "era ajeno a cualquier centro de detención", donde habrían ocurrido las torturas.
A este respecto, ASADEDH ha reivindicado que uno de los organismos más importantes que controlaba el Ministerio de Defensa era "la temida Dirección de Seguridad Militar, que dependía directamente de él" y gestionaría "las cárceles clandestinas donde se torturaba y se sometía a los detenidos a las más salvajes torturas". "O sea, que su involucración directa en los hechos que se investigan está totalmente demostrada", afirma la asociación en una nota.
FINALIDAD "POLÍTICA"
Además, la defensa de Ghali denuncia que la finalidad de estas querellas es "política", reprochando a las acusaciones que "están utilizando el proceso penal para fines espurios y ajenos a la acción de la Justicia (...) para evidenciar la oposición frontal del régimen marroquí contra el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)".
En concreto, el abogado defensor advierte de que se pretende "atacar ferozmente" a Ghali por "ser una figura histórica en la lucha por del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y un referente de este pueblo por su trabajo durante más de 50 años".
En cualquier caso, sostiene que los hipotéticos delitos estarían prescritos porque los hechos se habrían cometido, "siendo generosos con las acusaciones, y ante la inconcreción de las circunstancias temporales de los mismos en la querella, a lo sumo en 1985" y la responsabilidad penal por los mismos expira a los 20 años, habiéndose interpuesto la primera querella en 2007. En este punto, descarta que puedan constituir genocidio, crimen imprescriptible.
ACUSADO DE VIOLACIONES DE LOS DDHH
Con estas nuevas diligencias, tanto el activista saharaui como ASADEDH buscan reactivar el caso contra Ghali, en punto muerto desde que el jefe de la RASD abandonó España en un avión medicalizado rumbo a Argelia horas después de comparecer ante Pedraz por estas querellas.
Breica, de nacionalidad española, acusa a Ghali de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia). Según cuenta, al llegar allí agentes del Polisario le amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.
Inicialmente, la querella cayó en manos del juez José De la Mata --ahora en Eurojust--, que decidió archivarla. Pedraz la reactivó el pasado mes de enero acotando que los hechos denunciados podían constituir delitos de detención ilegal y torturas, pero que no encajarían en el de lesa humanidad dado que no se aportaba elemento que supusiera una ataque generalizado a la población civil.
Poco después, el juez de la Audiencia Nacional admitió una segunda querella, la firmada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra Ghali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, "especialmente" a los de origen español.
EL PASO DE GHALI POR ESPAÑA
Las acusaciones contra el líder del Frente Polisario se reanudaron cuando se supo que se encontraba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.
Su traslado desde Argelia, que el Gobierno español tildó de cuestión humanitaria, está en el trasfondo de la crisis diplomática desatada con Marruecos, que se tradujo en un aluvión de llegadas de migrantes, sobre todo menores de edad, a Ceuta.
En su declaración del 1 de junio ante Pedraz, negó cualquier implicación en las violaciones de los Derechos Humanos que se le atribuyen, una acusación que su abogado, Manuel Ollé, achacó a "fines políticos". Ese mismo día, el juez rechazó las medidas cautelares solicitadas por los querellantes --prisión provisional y retirada de pasaporte-- al considerar que no había indicios de que Ghali cometiera delito alguno. Esa misma madrugada partió hacia Argelia.
Por otro lado, un juzgado de instrucción de Logroño ha incoado diligencias contra Ghali tras recibir una denuncia que apunta a que pudo haberse registrado con una identidad falsa a su llegada el 18 de abril. Otro juzgado de la capital riojana ha dado traslado al Ministerio Fiscal de una causa por un presunto delito de terrorismo genérico contra el presidente de la RASD para que informe sobre la posible inhibición a la Audiencia Nacional.
