Poravoz del PP afirma que el Secretario del Ayuntamiento avaló la decisión de devolver 5 millones de euros a promotores urbanísticos
PINTO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Instrucción número 6 de Parla investigará si el Gobierno del Partido Popular gastó un total de 11 millones de euros en los veinte días previos a la moción de censura que, en diciembre de 2008, rubricaron PSOE, IU y un edil de 'Juntos por Pinto' (JpP), según informó hoy el Ejecutivo municipal.
El auto de imputación a la ex alcaldesa y actual portavoz del PP, Miriam Rabaneda, especifica que su gestión económica dejó un saldo de 2.581.401 euros el 22 de diciembre, cuando las arcas municipales registraban 13.613.503 euros el día 2 del mismo mes.
El auto -que tuvo en cuenta la denuncia interpuesta por el alcalde, Juan José Martín (PSOE)- concreta que, entre el 9 y el 22 de aquel mes de 2008, "se abonaron por orden del concejal responsable en cada caso más de 10 millones de euros", y que se procedió a devolver "a toda prisa" y de manera "arbitraria" 5 millones de euros por un decreto de Alcaldía.
La primera partida se produjo, según el auto, por "el pago acelerado de facturas" presuntamente con informes negativos de Intervención y Tesorería, y la segunda, por la devolución del aval que habían ingresado varios promotores urbanísticos para construir un área residencial en 'Punctum Millenium'.
Sobre el reintegro a los promotores, el alcalde pinteño eludió hoy pronunciarse sobre la posibilidad de que se hubiese producido un "ilícito penal". "Seguramente -precisó en rueda de prensa- la intencionalidad no era limpia y transparente, por el momento en que se realizó".
Su socio de Gobierno, Carlos Penit (IU), fue más resolutivo. "No se elevó a Pleno para que no se aprobase el convenio, por lo que fue una sustracción", declaró tras añadir que la devolución respondió a "una decisión personal de la alcaldesa".
En su comparecencia, el alcalde incluyó esta decisión en la estrategia que empleó presuntamente el Ejecutivo local de aquel momento cuando tuvo conocimiento de que los tres portavoces de la oposición habían alcanzado un acuerdo para arrebatarle la Alcaldía: "Ha sido una actuación premeditada para esquilmar las arcas municipales", concluyó el regidor.
INFORME DEL SECRETARIO
Por su lado, Rabaneda defendió hoy, en declaraciones a Europa, la legalidad de todo este procedimiento. Así, reveló que la decisión de devolver el montante a los empresarios contó con el visto bueno del Secretario municipal, que elaboró un informe validando el reintegro.
"Estuvo bien hecho", recordó tras explicar que, un día después de realizar el abono en el Ayuntamiento, los promotores reclamaron la devolución "por los motivos que tuviesen". "Como no sabía que hacer -explicó la ex regidora-, fui al secretario del Ayuntamiento y me dijo que si lo reclamaban, había que devolverlo".
"Actué en consecuencia", añadió tras advertir que no le temblará "el pulso" a la hora de "exigir responsabilidades penales" ante las falsas acusaciones que pudieran hacerse desde el Ejecutivo local a raíz del auto judicial hecho público.
En varios Plenos del pasado año, la ex alcaldesa negó cualquier irregularidad y argumentó que la devolución respondió a la petición de los promotores urbanísticos, que ofrecieron el dinero a modo de aval para el inicio de un desarrollo residencial y que reclamaron posteriormente sus aportaciones.
