Actualizado 15/05/2007 21:00 CET

El juez nombra a la Policía depositaria y con derecho a uso de un avión presuntamente vinculado a Roca

MÁLAGA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El juez instructor del caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Miguel Ángel Torres, decidió el pasado mes de marzo nombrar a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil depositario de un avión que pertenece a una sociedad, presuntamente controlada por Roca, así como conceder el derecho a uso del mismo.

La Comisaría General de Policía Judicial pidió que se autorizara a la Dirección General el uso del avión tipo Cessna 550, que consta a nombre de Marbella Airways, así como que por dicho organismo se realizaran las gestiones oportunas para hacer efectiva la deuda que tenía dicha empresa con una sociedad alemana, para su traslado a España.

Para el instructor, no hay duda de que la sociedad es controlada por Roca, socio al menos al 33% de dicha entidad junto al también imputado y en prisión por esta causa, Juan Germán Hoffmann. Además, determina en un auto, contenido en uno de los tomos cuyo secreto se levantó ayer, al que tuvo acceso Europa Press, que dicha aeronave fue obtenida "con ingresos de procedencia ilícita".

El avión estaba en Alemania, donde había sido enviado para repararlo "sin que nadie haya hecho frente a los costes de reparación y repatriación". Tras estas consideraciones, el juez precisa que el ofrecimiento de la Policía "redunda en beneficio del interés general y no causa perjuicio alguno a los titulares del avión, que no tienen por el momento intención de abonar la deuda pendiente".

Además, advierte de que la utilización o uso de la aeronave debe llevarse a cabo "de forma que se garantice la adecuada conservación de la misma", de manera que queda "responsable" de ésta, que consta como intervenida dentro de la causa.

En su informe solicitando la prohibición de enajenación del avión y su cesión, la Policía precisaba que dicha aeronave es "posiblemente uno de los mejores jets de negocios VIPS en el mercado" y señalaba que la entidad la adquirió en 2004 a un precio declarado de 1,2 millones de euros.

Indicaba que en ese momento se encontraba en el aeropuerto de Dusseldorf (Alemania) en las instalaciones de la compañía encargada de realizar las reparaciones o revisiones. Añade que en una factura, dirigida a Abogados Tarodo-Hoffmann de Marbella, a la atención de José Arteaga, imputado en el caso, consta como pendiente de abonar 139.489 euros.