GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias denegó hoy admitir nuevas pruebas documentales, periciales y testificales presentadas por el fiscal antidroga, José Perals, que relacionan al minero asturiano, José Emilio Suárez Trashorras, imputado en la trama del 11-M con el tráfico de explosivos.
Ante esta petición de la fiscalía el abogado de José Emilio Suárez Trashorras, Gerardo Turiel, pidió al juez, Bernardo Donapetry, que se desvincule el caso 'Pipol' que hoy comenzó a juzgarse en Gijón del proceso del 11-M. Turiel advirtió durante la vista oral que "no permitirá que se mezclen los sucesos que se empezaron a juzgar hoy con los atentados de Madrid".
El juez preguntó a los otros 13 abogados representantes de 20 imputados si tenían algún inconveniente en que las pruebas aportadas por el fiscal se incorporasen al caso a lo que alguno de ellos se opusieron. Las pruebas quedaron por ello invalidadas.
Perals pidió que se tuviese en cuenta un informe pericial elaborado por el laboratorio toxicológico en el que aparece información --tres fotografías-- de los cartuchos de dinamita industrial requisada, en el marco de la Operación 'Pipol' en la plaza de garaje que compartían Trashorras, su cuñado Antonio Toro y Ignacio Fernández Díaz 'Nayo'. También pidió que declarasen los dos peritos que realizaron ese informe así como los dos Tedax que remitieron las muestras de la dinamita a la Policía Nacional.
El fiscal antidroga solicitó también que se tuviese en cuenta como prueba documental un fax que llegó a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Asturias el 19 de octubre de 2006 remitido por la Audiencia Nacional en el que se aportan declaraciones de los testigos Francisco Javier Lavandera, Rafa Zhouier y Jesús Campillo sobre el tráfico de explosivos. Estas tres personas --también relacionados con el 11-M, declararán el día 7 y 8 de noviembre como testigo en el juicio iniciado hoy.
Perals pidió, como prueba pericial, la comparecencia de los médicos forenses de la Audiencia Nacional "para corroborar declaraciones testificales".
FUERTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
El juicio de la 'Operación Pipol' comenzó a las 10,30 de la mañana entre fuertes medidas de seguridad y un gran despliegue de medios de comunicación por la implicación de los asturianos Toro y Trashorras en la trama de los explosivos del 11-M.
Trashorras fue el único acusado que no se cubrió la cara cuando las cámaras de televisión y de los fotógrafos tomaron imágenes al comienzo del juicio. El resto de los acusados se taparon el rostro con sus abrigos, con la mano o con periódicos. Trashorras y su cuñado Toro permanecieron durante toda la sesión con el rostro tranquilo y hasta en algunos momentos esbozaron alguna sonrisa.
Una hora antes del comienzo del juicio los juzgados de la Sección Octava de Gijón se encontraban rodeados de varias furgonetas de la Policía Nacional.
En la sala del juicio, de audiencia pública, apenas había familiares de los acusados, tan sólo los padres de José Emilio Suárez Trashorras que ocupaban las primeras sillas. En total estaban 25 medios acreditados y 57 periodistas, aunque oficialmente tan sólo nueve pudieron seguir el juicio dentro de la sala debido a las limitaciones de espacio. Durante la vista oral se vivieron algunos momentos de tensión.
Los padres de Trashorras, que a finales de la semana pasada fue trasladado al penal de Villabona (Asturias) para declarar en el juicio, aprovecharon un pequeño receso de la vista para abrazar a su hijo que se encontraba escoltado por 7 policías nacionales. Trashorras, aunque esposado, se puso en pie para responder a las muestras de afecto de su madre.
Tras el descanso el abogado del avilesino al que la fiscalía pide 17 años de cárcel --10 por tráfico de drogas y 7 por tenencia, depósito y tráfico de explosivos-- pidió al juez que se permitiese desposar a su cliente mientras estuviese en la sala. La petición fue denegada por parte de un policía nacional que alegó que Trashorras debía permanecer esposado "por motivos de seguridad".
