MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez Santiago Torres ha dictado órdenes de búsqueda y captura para dos empresarios relacionados con la Operación Guateque, que investiga una presunta trama de venta de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, y mantiene en los calabozos de Plaza de Castilla a los cinco detenidos en la segunda fase, después de tomarles hoy declaración, informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
Asimismo, dichas fuentes afirmaron que la Guardia Civil está a la espera de detener en los próximos días a otro funcionario que se encuentra actualmente de vacaciones, "a la espera de que se reintegre a su puesto de trabajo, ya que no existe riesgo de fuga".
Torres tuvo hoy ocasión de interrogar a los detenidos ayer en la segunda fase de la Operación --que aún no ha terminado a la espera de efectuar nuevas detenciones y registros-- con la intención de emitir auto de prisión contra todos ellos.
Mientras tanto, entre los abogados defensores de los 24 imputados por este caso comienza a cundir la preocupación respecto al tiempo transcurrido. "El juez dijo en el auto de prisión que tan pronto terminase las diligencias podrían salir de prisión bajo fianza, pero estas diligencias parece que no van a terminar nunca", subraya uno de ellos.
En este sentido, también se impacientan los encarcelados, sobre todo a la luz de que todo ellos (menos Carmen Eulalia Ibáñez que salió bajo fianza en Nochebuena) están pasado las Navidades en prisión. Es el caso de Joaquín Fernández de Castro, en la cárcel de Alcalá Meco desde noviembre y que hoy envió un escrito a la Cadena Ser en el que amenaza con 'tirar de la manta' y culpa directamente a su superior, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, Victoriano Ceballos.
La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial desde abril, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, así como en las agendas de los imputados y la documentación incautada en los registros.
En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez. Victoriano Ceballos, el cargo más alto de los funcionarios encarcelados, era una de las personas objeto de las escuchas.
A pesar del tamaño de la investigación, con centenares de denuncias, el Juzgado número 32 sigue a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le designe otros cuatro funcionarios solicitados por Torres para asumir el volumen de trabajo que supone la investigación.
