La vista oral concluye cuatro meses después con todas las defensas pidiendo una sentencia absolutoria
MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juicio que se celebraba en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de noviembre por las presuntas corruptelas de la trama 'Púnica' en los trabajos de reputación online para dirigentes de la Diputación de León y en los contratos de la estación de esquí de San Isidro ha quedado visto para sentencia este jueves.
La última sesión de esta vista oral, que se ha extendido por espacio de cuatro meses, ha servido para escuchar el informe de las defensas del excoordinador del gabinete de prensa de la Diputación Pedro Vicente Sánchez, del exinterventor de la Diputación Manuel Jesús López y de una de las presuntas empleadas del 'conseguidor' de la trama, Guadalupe Caballero. Todos ellos han solicitado un fallo absolutorio.
El juicio ha concluido, precisamente, con la última palabra del supuesto 'conseguidor' de Púnica, el empresario Alejandro de Pedro, para quien la Fiscalía pide 5 años y medio de prisión. En su intervención, ha querido agradecer la paciencia al tribunal haciendo alusión a la extensión del procedimiento.
Quien también ha hecho uso del turno de última palabra ha sido el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, que ha trasladado el mismo agradecimiento que De Pedro al tribunal. Por su parte, el expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez se ha disculpado si con sus palabras o con su manera de expresarse ha podido molestar a terceras personas.
SEÑALÓ A ISABEL CARRASCO
Durante su declaración como acusado, el sucesor de Isabel Carrasco al frente de la Diputación de León aseguró que la decisión de contratar los trabajos de reputación online que la trama 'Púnica' habría realizado para la institución fue tomada por la exdirigente, que fue asesinada en mayo de 2014.
La Fiscalía solicita para el propio Martín Marcos, actual alcalde del municipio de Cuadros como independiente, la pena más alta, de 8 años de prisión, por los delitos de malversación de fondos públicos en concurso con falsedad, fraude y tráfico de influencias.
Durante su turno de informe, Anticorrupción solicitó una sentencia condenatoria al considerar probado el "mecanismo perverso" que la trama instauró en la Diputación y que habrían ideado, entre otros De Pedro, Marcos Martínez y Vicente Sánchez.
UN CONCIERTO QUE LLEVÓ A NUEVOS TRABAJOS
El Ministerio Público puso el foco, en concreto, en la llegada de la trama a la Diputación de León. Fue "ante las noticias negativas que se publicaban" sobre la entonces presidenta, Isabel Carrasco, cuando la dirigente entró "en contacto con el tándem" formado por Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa con quienes, por mediación del entonces vicepresidente Martín Marcos, se "concertó" la relación de trabajos de reputación.
Anticorrupción considera que los acusados habrían validado facturas y autorizado distintos pagos para poner "a disposición de la presidenta un presupuesto que superó" el medio millón de euros en algunos casos. Unos servicios, sostiene la Fiscalía, que continuaron con su sucesor en el cargo.
Ese concierto, considera el Ministerio Fiscal, llevó a que además de los propios trabajos de reputación se ofreciesen nuevos servicios que incluyeron la contratación de periodistas, trabajos de asesoramiento político o, en último extremo, la licitación de nuevos contratos relacionados con la explotación del complejo de las pistas de esquí de San Isidro.
LA FISCALÍA DENUNCIA INDEFENSIÓN
Este mismo jueves la Fiscalía ha denunciado que el tribunal produjo "indefensión" al Ministerio Público al fijar, precisamente, un límite temporal para la exposición de su informe en la recta final de la vista oral.
"Consideramos que se ha vulnerado nuestro derecho a obtener la tutela judicial efectiva por haberse limitado el derecho que tenemos para informar", ha expuesto la fiscal al inicio de la sesión de este jueves asegurando que, como consecuencia de esa premura, Anticorrupción no pudo "entrar en una parte de los hechos" ni explicar "la calificación legal" contenida en su escrito.
El presidente del tribunal, Francisco Vieira, ha explicado que se ha seguido el criterio fijado en el juicio del 'procés' en el que la Presidencia "estableció unos criterios orientativos de duración de informe". "El más alto tribunal en materia penal de nuestro país lo consideró oportuno y este tribunal ha seguido ese mismo criterio", ha añadido.
En este sentido, el magistrado ha recordado que se "establecieron unas normas" para las que "sí tiene competencia la Presidencia en función de la complejidad y las cuestiones derivadas del juicio". En concreto, se fijó "un tiempo para organizar la exposición" teniendo en cuenta "la acumulación de señalamientos" en la Audiencia Nacional.
