Llarena no tiene por qué decidir mañana sobre la modificación de su situación personal
Madrid, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los siete exconsejeros que no huyeron junto con el expresidente Carles Puigdemont a Bruselas y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, esperarán mañana viernes en los calabozos de la Audiencia Nacional -a los que serán trasladados a primera hora desde prisión- a que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena les vaya llamando para cumplir con las comparecencias que pueden decidir su futuro en los próximos días.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena les ha citado a partir de las 9.30 horas en el marco de la querella por rebelión y sedición que se comenzó a tramitar contra ellos en la Audiencia Nacional por su participación en el 'procés' y que el alto tribunal asumió el pasado viernes.
Fuentes del alto tribunal han señalado que el uso de los calabozos de la Audiencia Nacional, que se encuentra a apenas unos metros del palacio que alberga al Tribunal Supremo, viene obligado porque en el alto tribunal no hay habitáculos de este tipo. Desde la Audiencia Nacional saldrán en coche de dos en dos los investigados a medida que el instructor del alto tribunal los vaya requiriendo.
Las mismas fuentes han señalado que, con independencia de la decisión que pueda adoptar Llarena, los diez investigados volverán a prisión, pues es en dicho lugar donde debe tramitarse y firmarse una eventual orden de libertad.
Por otro lado existe la posibilidad de que Llarena no decida mañana mismo sobre si mantiene a Junqueras y al resto de investigados en prisión, les pone fianza o dicta su libertad, ya que no existe ningún plazo legal para ello, según fuentes jurídicas. Puede simplemente escuchar a cada una de las partes y tomarse su tiempo para dictar el preceptivo auto en el caso de que modifique las medidas que ya acordó contra ellos la juez Lamela.
Llarena les ha citado después de recibir los escritos en los que las defensas de los "Jordis", de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull Meritxell Borrás y Joaquim Forn solicitan que el Supremo modifique la medida de prisión provisional que fue adoptada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado 16 de octubre en el caso de los dos primeros y desde el pasado 2 de noviembre para los miembros del exgovern. Ello les permitiría, tal y como pretenden los exconsejeros, participar en la campaña para las próximas elecciones autonómicas en Cataluña el 21 de diciembre.
En sus escritos, los exmandatarios catalanes han ido acercándose a la denominada 'vía Forcadell' que facilitó la puesta en libertad por orden del propio Llarena de la presidenta de la Mesa del Parlamento de Cataluña, investigada igualmente por rebelión en el alto tribunal junto a otros exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Ésta consiste básicamente en un acatamiento expreso de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, darle un valor simbólico a la DUI, y en la renuncia a la unilateralidad en el proceso independentista.
En la providencia que dictó este miércoles, el magistrado Llarena requiere también la presencia de la Fiscalía y demás partes personadas. Éstas últimas son las defensas de Forcadell y del resto de exmiembros de la Mesa que ya prestaron declaración ante Llarena el pasado 9 de noviembre y se encuentran en libertad bajo fianza -con excepción de Josan Josep Nuet, contra quien no se adoptó ninguna medida cautelar.
En el auto en el que asumió la competencia sobre la investigación iniciada por Lamela en dos causas diferentes -la que investiga a los exconsejeros por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos y la dirigida contra los representantes de las organizaciones sociales por una posible secesión- Llarena justificaba su decisión al apreciar conexión material inescindible" con los hechos investigados a las personas aforadas y que esto puede apreciarse en algunos casos "desde un primer momento".
El magistrado entiende la "existencia de una compleja heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República Independiente".
Y añadía que para lograr este propósito, que permitió la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia --señala el juez--, los integrantes de dicha organización elaboraron una "premeditada estrategia perfectamente coordinada" en el que se repartieron papeles entre "autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles" y en el que participaron las asociaciones independentistas.
