SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de la Junta de Andalucía ha señalado que las últimas decisiones de la juez Mercedes Alaya, que indaga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos autonómicos, "suponen un reconocimiento a la labor" de la Administración autonómica al "defender" su personación en las diligencias como acusación y al "poner en valor" información elevada a la juez por la Junta "a iniciativa propia".
La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, como se ha informado, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 686.190.686,36 euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso y en prisión desde el pasado sábado.
En el mismo auto, la juez rechaza además la petición de la defensa de Guerrero de apartar a la Junta como acusación particular en este procedimiento y declararla responsable civil subsidiaria, pues en ese supuesto, los andaluces "se verían doblemente perjudicados, primero por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público y segundo, por tener que hacer frente mediante el abono de sus tributos a la cantidad" en que se fijara esta responsabilidad.
A tal efecto, el Gobierno andaluz ha emitido un comunicado recordando que la Administración autonómica "está personada como parte acusadora desde el inicio de la instrucción", porque "el Gobierno de Andalucía fue quien presentó la primera denuncia en febrero de 2009 y que dio lugar a esta investigación".
Para el Ejecutivo andaluz, el mencionado auto de la juez Mercedes Alaya "supone un nuevo avance en la concreción de medidas para reparar el daño causado al interés general", habida cuenta de la fianza de responsabilidad civil impuesta a Guerrero. Así, la Junta confía "en que la instrucción siga avanzando con rapidez" y recuerda que, por su parte, ya había emprendido las correspondientes actuaciones administrativas "para la recuperación de las cantidades indebidamente percibidas por personas o entidades".
"Actualmente, ya se encuentra en fase de reintegro un primer grupo de ayudas sociolaborales por un importe que ronda los seis millones de euros. Además se está realizando la revisión de oficio de todas las ayudas a empresas con fondos del programa 31L y se ha solicitado información a las intermediarias sobre los datos de gestión imputados", señala el Gobierno andaluz, para el que este auto "supone un reconocimiento a la labor realizada por la Junta en un doble sentido: porque se 'defiende la personación de la Administración como acusación' y porque se pone en valor la información facilitada por iniciativa propia de la Junta al juzgado sobre la trama de empresas con ayudas presuntamente irregulares.
