También secunda que se siga investigando el 'caso Miguel Ángel Blanco' y que la prescripción se determine en el momento procesal oportuno
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La Junta de Fiscales de Sala ha avalado este jueves el criterio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la revisión de penas por la conocida como ley del 'solo sí es sí', conforme al cual los fiscales deben apoyar mantener las penas antiguas si pueden imponerse bajo la nueva ley.
Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE), la Junta ha respaldado el borrador de circular que trasladó García Ortiz a sus miembros de cara a este cónclave, aunque han introducido mejoras técnicas que se tendrán en cuenta para la redacción final del texto, que se publicará en los próximos días.
El Ministerio Público ha destacado que los fiscales de sala han valorado la oportunidad de la publicación de esta circular, subrayando que la regulación planteada sobre la revisión de sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual ha contado con el consenso total de la Junta.
García Ortiz fijó criterio con el decreto emitido el pasado 21 de noviembre, estableciendo que los fiscales debían pronunciarse a favor de mantener las penas dictadas cuando puedan imponerse con el nuevo marco penal, para evitar una rebaja "automática" de condenas en las revisiones propiciadas por la ley del 'solo sí es sí'.
Este mismo criterio es el desarrollado en el borrador de circular, al que tuvo acceso Europa Press, y donde reitera que, "como regla general, no procederá la revisión de las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal", instando asimismo a analizar "individualmente" cada caso para huir de "automatismos".
Así, señala que, "excepcionalmente, cuando la aplicación estricta de esta regla provoque resultados manifiestamente desproporcionados, sí cabrá promover la revisión de las sentencias firmes", matizando que "dicha posibilidad deberá reservarse para los supuestos en los que resulte notorio que, de haber sido enjuiciados los hechos bajo la vigencia de la nueva regulación, la pena de prisión que hubiera correspondido imponer sería, indudablemente, de una duración muy inferior".
Recalca además que, "tradicionalmente, se ha admitido que, con independencia de que se vean modificados los límites máximo y mínimo de la pena establecida en un tipo penal por efecto de una reforma, si la pena impuesta antes de la modificación legislativa es también susceptible de serlo con arreglo a la nueva redacción, no habrá lugar a la revisión de la sentencia condenatoria, pues esta no se considerará más favorable para el reo".
En este punto, defiende que "el hecho de que la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, no contenga disposiciones de régimen transitorio que incorporen esa regla de forma expresa en nada altera la posibilidad de aplicar dicho criterio", al tiempo que recuerda que "recientemente el propio legislador se ha encargado de despejar las dudas que pudieran suscitarse sobre este particular" en la exposición de motivos de la reforma sobre los delitos de sedición y malversación.
LIBERTAD VIGILADA CUANDO HAYA REBAJA
No obstante, cuando se rebaje la pena por las revisiones efectuadas, el borrador propone "valorar la imposición de la pena de libertad vigilada, de la privación de la patria potestad o la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad sobre los hijos presentes y futuros, tutela, curatela, guarda o acogimiento, así como para empleo o cargo público".
Recuerda también que "contra las resoluciones resolviendo la revisión de las sentencias condenatorias firmes podrán interponerse los mismos recursos que, en su caso, cabrían contra la sentencia condenatoria".
Y destaca que "la nueva regulación del delito de agresión sexual, lejos de gravitar en torno a los conceptos de violencia, intimidación o abuso de superioridad, se construye sobre el concepto de consentimiento, que aparece como la auténtica piedra de toque del sistema".
Desde la entrada en vigor de la nueva ley, el pasado 7 de octubre, los juzgados y tribunales han revisado cientos de condenas por delitos sexuales para aplicar, conforme marca el ordenamiento español, la versión de la ley que sea más favorable al reo. Según cálculos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta el 1 de marzo se habían acordado 721 rebajas de pena y 74 excarcelaciones.
DEBATE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN
En esta Junta de Fiscales de Sala había un segundo tema sobre la mesa: la consulta del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, a García Ortiz, sobre la prescripción del secuestro y posterior asesinato a manos de ETA del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, en el marco de la investigación que lleva a cabo la sede judicial contra la cúpula de la organización terrorista por este crimen.
La Junta también ha apoyado el criterio marcado por García Ortiz, según el cual el pronunciamiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la prescripción de los hechos "se determinará en el momento procesal oportuno" una vez "haya sido recabado todo el material probatorio y documental".
Con esta respuesta, el fiscal general sigue el camino señalado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa del ex jefe de ETA Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería', confirmando así su condición de imputado.
'Iñaki de Rentería' alegaba que, dado que el crimen se cometió en 1997, el plazo de prescripción era de 20 años. Entendía la defensa del etarra que, como la investigación se reabrió en marzo de 2022, a raíz de una querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), los delitos que se le imputaban habían caducado.
La Sala de lo Penal indicó ya que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que para apreciar la prescripción de manera anticipada no debe existir duda alguna sobre la concurrencia de sus presupuestos", y que, en caso de que las haya, "lo procedente sería diferir la cuestión al tribunal sentenciador después de la celebración del juicio oral" para que resuelva en el fallo.
Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, García Ortiz estaba esperando a conocer la posición de la Sala de lo Penal para llevar este asunto a la Junta de Fiscales de Sala. En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el pasado 28 de julio, anunció que elevaría este tema, si bien se ha ido postergando, entre otras cosas, porque faltaba documentación procedente de Francia.
El dilema sobre la prescripción en el seno de la Fiscalía quedó de manifiesto el pasado julio cuando Vicente González Mota, entonces fiscal del 'caso Miguel Ángel Blanco', pidió ser relevado del mismo porque creía que era posible perseguir este crimen pese al tiempo transcurrido, en contra del criterio de la mayoría de sus compañeros de la Audiencia Nacional.
