VALENCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de instrucción número tres de Valencia ha citado como imputados para el próximo mes de enero a cuatro exdirectivos del Valencia C.F. por un presunto delito societario, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en su cuenta de Twitter. Los cuatro exdirectivos declararán el 20 de enero a las 11.30 horas.
La decisión se produce después de que este mismo mes la sección tercera de la Audiencia de Valencia haya decidido que se reabra la causa contra los cuatro exdirectivos en relación con la querella interpuesta por un grupo de socios del club que denunciaba que los 75 millones del préstamo de Bancaja para la ampliación de capital fueron destinados a "elevados pagos a dirigentes" que "no deberían haberse satisfecho" por el "mal estado económico" de la entidad.
A través de un auto, de fecha 11 de noviembre, la sala estimó un recurso de apelación de un grupo de socios contra una resolución del juzgado de instrucción número 3 que el pasado 15 de julio rechazó una querella por delito societario --dirigida contra el expresidente y exvicepresidente del club, Manuel Llorente y Javier Gómez; el responsable de la fundación, Társilo Piles y el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas-- y acordó el archivo.
La sala consideró que, en este caso y desde un plano "meramente hipótetico", "si fuese cierta la hipótesis planteada en el escrito de querella", los hechos podrían ser constitutivos de delito, por lo que se estima "razonable" iniciar una causa criminal para investigar la realidad de la denuncia de los querellantes.
Los querellantes argumentaron que los dirigentes del Valencia C.F. decidieron celebrar una junta general para aprobar una ampliación de capital por 92.421.780 euros "como instrumento para regularizar la situación económica" de la entidad mediante un plan de viabilidad financiera a ejecutar en un plazo de tres años.
De acuerdo con la querella, el 7 de junio de 2009 se aprobó la ampliación de capital, que se realizaría ofreciendo a los socios la suscripción de las acciones correspondientes y el sobrante no vendido sería ofrecido después al público en general.
PRÉSTAMO DE 75 MILLONES CON AVAL DEL IVF
Los querellantes sostienen que los querellados --como responsables máximos del Valencia, de Bancaja y de la Fundación Valencia--, decidieron que esta última entidad, integrada por los directivos del club, adquiriese el sobrante de acciones, para lo que convinieron en que Bancaja concedería un préstamo de 75 millones, con el aval del Instituto Valenciano de Finanzas, con lo que se hizo con la mayoría del capital social, cifrada en un 72,8 por ciento.
Según la querella, el dinero obtenido "fue destinado a elevados pagos a dirigentes del Valencia C.F., que no deberían hacerse satisfecho si se tiene presente el mal estado económico de dicha entidad". Además, alegaban que el préstamo generaba unos intereses que la fundación no tenía capacidad de pagar al no generar ningún ingreso. Por ello, sostenían que se había producido un "grave perjuicio económico" para el Valencia y sus socios.