MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ex diputado del PSOE Joaquín Leguina apuesta por penalizar económicamente a los partidos "cuyos miembros sean condenados por delitos ligados a la corrupción" y por apartar a los políticos de las concesiones urbanísticas dejándolas en manos de comisiones técnicas para intentar atajar la corrupción aplicando, entre otras cosas el "viejo principio cristiano según el cual "quien evita la ocasión, evita el pecado".
"Ante 'correas' que ahorcan y 'matas' que nada ocultan, el PP repite un ritual que de tan conocido es de fácil descripción: cuando alguno de sus miembros es cogido con las manos en la masa, primero niegan la mayor, luego reclaman la presunción de inocencia para, más tarde, desprenderse del lastre apartándolos de sus filas 'para que intenten demostrar su inocencia si pueden'. Y si, al fin, los aprovechados dan con sus huesos en la cárcel, se mira para otro lado y en paz", lamenta Leguina.
Tras esta reflexión, que realiza en un artículo de su página personal de Internet, recogido por Europa Press, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid se pregunta "qué podrían hacer los partidos para acabar con la tríada infernal que forman el amiguismo (nepotismo), el mangoneo (mangonear: entremeterse uno en cosas ajenas, pretendiendo mandar y disponer) y la corrupción".
Como primera medida, propone incentivar el autocontrol y penalizar económicamente a los partidos con corruptos condenados en sus filas. Además, aboga por que, una vez aprobados los planes generales de urbanismo, "los políticos dejaran las cosas en manos de comisiones técnicas".
ES FÁCIL, PERO NO LO HARÁN
Esos órganos deberían estar formados según Leguina por funcionarios y no funcionarios que "estén lo más lejos posible del terreno y con sus honradeces personales bien contrastadas". De igual modo, comisiones 'ad hoc' "serían las encargadas de otorgar los contratos por obras, las concesiones y las contrataciones de servicios".
"En pocas palabras, los políticos serían los encargados de decidir el qué, el cómo y el cuándo se ejecutan las decisiones, pero no decidirán quién es el beneficiario o el encargado de llevar a cabo el servicio o la obra. Se trata de acabar con la discrecionalidad en la vida pública", resume Leguina, antes de expresar su temor de que los partidos no estarán dispuestos a adoptar estas sencillas medidas porque "no están dispuestos a sacar sus manos de la cesta del pan".
