La ley de amnistía argumenta que es necesaria para acabar con "la tensión, política, social e institucional"

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, a su llegada para comparecer en una rueda de prensa
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, a su llegada para comparecer en una rueda de prensa - Europa Press
Actualizado: lunes, 13 noviembre 2023 17:28

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Defiende que es un "mecanismo constitucional", "valiente" y "reconciliador" que garantizará la convivencia a "futuro"

Sostiene que "la aplicación de la legalidad es necesaria pero en ocasiones no es suficiente" para resolver problemas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La proposición de ley del PSOE y sus socios para amnistiar al independentismo catalán contiene una exposición de motivos donde justifica que es una medida necesaria para acabar con "la tensión, política, social e institucional" y garantizar la convivencia a "futuro", al tiempo que defiende que se trata de un "mecanismo constitucional", además de un paso "valiente y reconciliador", según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.

Así, señala que abarcará "todos los actos que acreditan una tensión política, social e institucional, que esta norma aspira a resolver de acuerdo con las facultades que la Constitución confiere a las Cortes Generales".

La proposición de ley vuelve a situar el origen del "conflicto político" en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo extiende a todo lo ocurrido desde entonces, desde el 1 de enero de 2012 hasta hoy mismo, incluyendo la consulta del 9-N y el referéndum del 1-O.

"Estos hechos comportaron una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la Justicia y una tensión social y política que provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todavía no ha desaparecido y que es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las múltiples consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el ámbito penal", dice.

En este sentido, augura que, sin esta ley, dichas consecuencias "podrían agravarse en los próximos años a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no solo a los líderes de aquel proceso (que son los menos), sino también a los múltiples casos de ciudadanos e incluso a empleados públicos que ejercen funciones esenciales en la administración autonómica y local y cuyo procesamiento y eventual condena e inhabilitación produciría un trastorno grave en el funcionamiento de los servicios en la vida diaria de sus vecinos y, en definitiva, en la convivencia social".

Con todo, explica que se actúa "en aras del interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político".

Por ello, dice que la amnistía es una herramienta que "fortalece" el marco legal mirando "hacia el futuro", "devolviendo al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las costuras de la sociedad, mediante una renuncia al ejercicio del 'ius puniendi' por razones de utilidad social que se fundamenta en la consecución de un interés superior: la convivencia democrática".

UNA COMPETENCIA DEL PARLAMENTO

Además, justifica que sean el Congreso de los Diputados y el Senado quienes concedan el perdón porque la amnistía "se presenta como una facultad de las Cortes Generales, en las que está representado todo el pueblo español, titular de la soberanía nacional".

"De esta manera, a quien se halla legitimado para tipificar o destipificar una determinada conducta se le reconoce, en lógica consecuencia, la facultad de amnistiar esos mismos hechos sin otros límites que los que directamente dimanen de la Constitución", expone.

A ello suma que "en este tiempo las Cortes Generales han tenido un papel preponderante a la hora de configurar la respuesta de la soberanía popular a ese proceso independentista". "Un papel que esta ley orgánica reafirma al reconocer su competencia y legitimidad para hacer una evaluación de la situación política y promover una serie de soluciones que deben ofrecerse en cada contexto, de acuerdo con el interés general", añade.

Reivindica asimismo que "con esta ley orgánica de amnistía las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho para dar una respuesta adecuada más de diez años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro".

NO INVADE "OTROS ESPACIOS"

Recalca también que, "al asumir las Cortes Generales esta decisión de política legislativa, no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político".

"La amnistía no afecta al principio de separación de poderes ni a la exclusividad de la jurisdicción (...) porque el Poder Judicial está sometido al imperio de la ley y es precisamente una ley con valor de orgánica la que, dentro de los parámetros antes expuestos, prevé los supuestos de exención de la responsabilidad, correspondiendo a los jueces y tribunales, así como al Tribunal de Cuentas o a las autoridades administrativas que sigan o hubieran seguido las diligencias, procesos, expedientes y causas a las que afecten los actos amnistiados, su aplicación a cada caso concreto".

En definitiva, los firmantes afirman que "esta ley orgánica es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador; una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo".

"Por tanto, esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de Derecho no son, ni deben ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario, y que por tanto este debe tener la capacidad de actualizarse adaptándose al contexto de cada momento", zanjan.

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