MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido este viernes a las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) que han convocado una huelga indefinida que arrancará el próximo martes que "huyan de posiciones maximalistas" porque impiden "buenos acuerdos".
En declaraciones a los medios tras participar en unas jornadas de mediación, la ministra ha señalado que su ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJs y ha recordado que estos funcionarios son un componente importantísimo dentro del buen funcionamiento del trabajo de los juzgados.
Tras esto, ha pedido a los convocantes que sean conscientes de que quien ejerce una función pública lo hace para los ciudadanos. "Nos debemos a ellos", ha incidido, para luego insistir en que la negociación debe huir de posiciones de máximos "que impiden poder llegar a buenos acuerdos",
"Tengamos en cuanta que lo importante son los ciudadanos, las personas que recurren a los servicios de Justicia, y que velemos por el buen funcionamiento del servicio público de Justicia", ha apostillado.
LA HUELGA DE LAJS
Se da la circunstancia de que el pasado lunes los LAJs pidieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adopte las "medidas necesarias" para reconducir el conflicto que mantienen con el Ministerio de Justicia y evitar así la huelga indefinida convocada para el 24 de enero.
La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia firmaron una comunicación conjunta en la que apelan a la "autoridad" de Sánchez ante la "gestión insensible e irresponsable" del Ministerio dirigido por Pilar Llop.
Reprochaban que hasta ahora no se haya introducido una enmienda transaccional a la Ley de Eficiencia Organizativa para que "las retribuciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".
"RIESGO DE PARALIZACIÓN"
En el marco de la comunicación, la UPSJ, la AinLAJ y el Colegio Nacional de LAJ han alertado al presidente del Ejecutivo de la "gravedad" y de la "extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales", que puede generar la huelga indefinida que convocaron para el 24 de enero a raíz del conflicto laboral que mantienen con el Ministerio de Justicia.
Los firmantes insistían en que la huelga tiene un "impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia".
Según subrayaban, el trabajo de los 4.300 Letrados --funcionarios de grupo A1-- dependientes del Ministerio de Justicia es "imprescindible" para que se lleven a cabo todos los asuntos en los juzgados y tribunales, por lo que su ausencia provocaría "enormes perjuicios con suspensiones de juicios y declaraciones", algo que aumentaría las dilaciones en la Administración.
En este sentido, las asociaciones advertían también de las consecuencias económicas de la huelga: se paralizarían los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones de euros.
ORIGEN DEL CONFLICTO
La UPSJ, la AinLAJ y el Colegio Nacional de LAJ recordaban que el conflicto con el Departamento dirigido por Pilar Llop tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015.
Para los firmantes, dichas modificaciones han provocado un "insoportable desequilibrio en las prestaciones" realizadas por el Cuerpo de Letrados en un contexto en el que se quejan de la "falta de audiencia y participación" de las tres asociaciones en la mesa de negociación de las condiciones laborales y de asuntos que afectan el estatuto orgánico que les regula.
Las tres asociaciones han precisado que el "detonante" del conflicto fue el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".
La huelga del próximo 24 de enero no es la primera que convocan la UPSJ, la AinLAJ y el Colegio Nacional de LAJ. Las tres acordaron parar en enero y marzo de 2022. También realizaron un convocatoria para abril de ese año, pero finalmente la suspendieron ante los compromisos adoptados por el Ministerio. Las huelgas se retomaron en noviembre y diciembre.
Las tres asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: "no solo no ha convocado al Comité de Huelga, (...) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad".
