MAJADAHONDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Majadahonda, Ángel Francisco Alonso, señaló hoy que durante la etapa en la que Guillermo Ortega fue alcalde del municipio había tres personas que llegaron a firmar el 60 por ciento de los documentos contables del Consistorio.
Estas declaraciones las realizó el edil durante su intervención en el Pleno Extraordinario en el que se dio cuenta de las contrataciones y pagos a empresas relacionadas con la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Garzón. La sesión fue solicitada por los tres partidos de la oposición.
Los cuatro portavoces de los partidos políticos que integran la Corporación (PP, PSOE, Centristas e IU), repasaron la documentación y los contratos que se realizaron durante la etapa en la que Guillermo Ortega fue alcalde. Este periodo tuvo lugar entre mayo de 2001 y febrero de 2005.
Durante su intervención, el portavoz del Partido Popular, Ángel Francisco Alonso, relató que fue en 2002 y 2003 cuando "empezaron" a aparecer unas "determinadas empresas" en el Ayuntamiento. "Nadie llevaba un cartel diciendo, 'oye que vengo a hacer sinvergonzonerías en el Ayuntamiento'. Los primeros reparos a estas facturas tienen fecha de mayo, julio y septiembre de 2004", aseveró.
Con todo ello dijo que con el anterior alcalde había tres personas "que concentraban la responsabilidad de gestión" en el Ayuntamiento. "Decidían en qué se gastaba el dinero", añadió. Estas personas, según Alonso, eran los ex concejales, José Peña, Juan José Moreno y la ex jefa de Gabinete, Carmen Rodríguez, quienes "firmaban más del 60 por ciento de los documentos contables".
Por su parte, el alcalde, Narciso de Foxá, señaló que aunque no han realizado un cálculo de a cuánto asciende el montante de las facturas que firmaron, "muchas de esas firmas se hicieron de acuerdo a la Ley". "No puedo asegurar que haya algo delictivo. Nos parecía un gasto tremendo, que las cosas se estaban haciendo de forma frívola y por eso nos plantamos", subrayó.
Con todo ello, puntualizó que el actual equipo Gobierno era el "primer interesado" en que se celebrara el Pleno de hoy ya que han tenido la oportunidad de "exponer" a la opinión pública "lo que pasó aquí en Majadahonda".
"La conclusión obvia es que hubo una serie de prácticas irregulares durante un periodo del anterior alcalde, que la Justicia tendrá que determinar si es verdad o es mentira. Cuando llegué como alcalde se cortó de un plumazo absolutamente todo lo que esto significa, sea bueno o sea malo, pero se cortó de un plumazo", puntualizó.
De Foxá aseguró que desde entonces "no se ha vuelto a contratar a una sola empresa" de las investigadas. En este sentido, recordó que cuando accedió al cargo "una de las primeras" decisiones que tomó fue el despedir a Carmen Rodríguez.
"Echamos atrás la operación de las parcelas, con lo que supuso un ahorro de 60 millones de euros para este Ayuntamiento. Echamos atrás la Oficina de Atención al Ciudadano, gracias a que estuvimos allí estas cosas se hicieron", dijo.
De Foxá dijo que trasladó al Partido Popular regional sus críticas en relación a los gastos en el Ayuntamiento. "Lo único que se trasladó es que nos parecía una barbaridad una serie de cosas que se estaban haciendo en el Ayuntamiento", aseveró.
"No decíamos que fuera un delito, lo tendrá que determinar quien lo tenga que determinar. La dirección regional y la presidenta fue la que tomó cartas en el asunto y se echó a atrás la venta de las parcelas municipales, lo que supuso 60 millones de euros y la Oficina de Atención al Ciudadano, que supuso 12 millones de euros", añadió.
USO INDEBIDO
"Aquí se ha estado utilizando de malas maneras el dinero de los vecinos, es evidente", manifestó la portavoz del Grupo Centrista en el Ayuntamiento, Mercedes Pedreira. Por ello, y en referencia a la etapa de Ortega, señaló gastos que se produjeron, como 1,4 millones de euros en la Oficina de Atención al Ciudadano, 54.000 euros en reportajes en un canal de televisión local, y más de 87.000 euros en la empresa Special Events.
"Gastaron 100.000 euros en cámaras que tendrían que estar inventariadas y no hay manera de que lo sepamos; otros 14.000 euros en comidas. Todo esto en un año, fundamentalmente el 2004. Se hicieron muchos gastos de publicidad y propaganda que no están justificados. El montante total de todas estas facturas supera los dos millones de euros", dijo.
La edil de la oposición propuso que para evitar que este tipo de situaciones se repitan es necesario que el control sea "exhaustivo". "La Administración pública debe poner todos los medios necesarios para que el control sea exhaustivo, para que no sea uno o dos quienes controlan y no pasen estas cosas. Las Administraciones muchas veces se olvidan de que lo están haciendo es administrar el dinero de los vecinos", puntualizó.
"DESPILFARRO E IRREGULARIDADES"
Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida, Loles Dolz, dijo que "lo más importante" del Pleno celebrado hoy fue el "reconocimiento explícito de que aquí había despilfarro e irregularidades". Sin embargo, dijo que lo que ha "faltado" ha sido la toma de decisiones "conjuntas". "Seguimos pensando que la Cámara de Cuenta debe auditar las cuentas del Ayuntamiento en su conjunto. Además, creemos que hay que revisar los sistemas de contratación para evitar fraccionamientos y que se envíe a la Fiscalía toda la documentación relevante", puntualizó.
Por parte del PSOE, su portavoz, Manuel Fort, señaló, en referencia a las empresas investigadas, que durante la época de Guillermo Ortega como alcalde "todos los stands" que se montaron en el Ayuntamiento durante un año "los hacía la misma", al igual que "los cartelitos y los folletitos". "Tengo la sospecha de que incluso detrás de alguna de las facturas no había ningún trabajo realizado", aseveró.
En este sentido declaró que entre los años 2002 y 2006 "hubo alguna contratación irregular". "Al menos dos millones y medio de euros se adjudicaron con procedimientos irregulares, que no cumplían la Ley de contratos de administraciones del Estado". Finalmente, solicitó al Pleno municipal que los concejales del Ayuntamiento hagan cada año una declaración patrimonial.
