MÁLAGA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los que fueran en 2006 directivos de la empresa de transportes Portillo, acusados en el caso 'Malaya', han asegurado que el exedil de Marbella (Málaga) Victoriano Rodríguez, que fue procesado en esta causa pero posteriormente falleció, pidió a la compañía 65 millones de las antiguas pesetas --390.000 euros-- "como si fuera una mordida" para adjudicarle la explotación de la estación de autobuses, aunque han apuntado que no pretendían pagar y le dieron "largas".
El primero de ellos en declarar en esta sesión del juicio ha sido el entonces gerente de la sociedad Julio de Marco, quien ha indicado que el entonces edil de Transportes le transmitió que "si queríamos ser los adjudicatarios de la concesión de la estación de autobuses de Marbella, hay que entregarle a él o a la persona que él designe en Madrid, que fue Ismael Pérez Peña --empresario que ha llegado a un acuerdo con el fiscal--, 65 millones de pesetas".
Estas "exigencias" se las comunicó a sus superiores, que le dijeron que "le diera largas el mayor tiempo posible". Ha matizado parte de su declaración inicial ante el instructor, diciendo que hizo "suposiciones que pensaba que facilitaban mi salida de los calabozos", insistiendo ahora en que la estrategia de la empresa era intentar "ganar tiempo, aguantar la presión como pudiese", pero "no había decisión clara de pagar".
Ha apuntado que la proposición "no tenía sentido", porque la empresa ya tenía la concesión y la nueva adjudicación le producía "un perjuicio económico" respecto al anterior concurso. Además, ha dicho que Portillo-CTSA fue la única que se presenta al concurso, momento en el que el exedil "se da cuenta que la mordida que quería obtener no tiene sentido y entonces pretende liarme a mí, liar a la empresa y dar unos plazos para ver si nos presiona y consigue su objetivo".
No obstante, se han reproducido conversaciones en las que ambos establecen plazos de pagos, reiterando el acusado, al respecto, que "llevábamos dos meses dándole largas". Ha expresado que estaba presionado por su empresa, por los "incumplimientos" del Consistorio y por el exedil, quien se refería a veces al presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, en cuanto realizarle determinadas consultas, sobre todo en temas de terrenos.
En este sentido, ha dicho que un par de veces, sus superiores y él se reunieron con Roca en Planeamiento para interesarse por la posibilidad de que les cedieran unos terrenos, "que luego resulta que no eran del Consistorio". "Otro incumplimiento más del Ayuntamiento de Marbella", ha apuntado De Marcos, quien se ha reafirmado en que el principal acusado no le pidió dinero y que él no podía tomar decisiones ni disponer de capital.
"NO PODÍAMOS JUGAR ESA PARTIDA"
Por su parte, el que fuera superior del anterior y responsable del área de autobuses en 2006, José María Pérez Lozano, ha coincidido con el otro procesado en que "la postura nuestra fue que desde ningún punto de vista podíamos jugar esa partida, porque nos complicaba", al apuntar que era algo "que no podíamos admitir". Ha insistido en que la compañía no era partidaria de pagar y "no podía más que decirle a De Marcos que diese largas".
"Nosotros no seguimos ninguna instrucción de Victoriano y teníamos nuestra posición totalmente tomada", ha apuntado, destacando las "dificultades" de De Marco "de tener que aguantar unas presiones probablemente en muchas circunstancias insoportables". Ha añadido que no denunciaron estos hechos porque "no teníamos pruebas, solo la palabra de uno". "Sólo queríamos ganar tiempo y que Victoriano cambiara de actitud", ha apostillado.
Al respecto, el entonces director general de CTSA Joaquín Martínez Vilanova, también acusado, ha indicado que los mensajes a De Marco eran "aguanta, da largas, ya se cansará, ya se irá", apuntando que las concesiones son a largo plazo, pero "los interlocutores, los concejales, van cambiando, hay elecciones, hay ceses". "Ya se cansaría y cesaría el hostigamiento cuando se diera cuenta de que yo no le iba a pagar", refiriéndose al exedil, ha apuntado.
Ha asegurado que la propuesta era "un tema que repugna" y ha aludido a la existencia de un consejo de administración sujeto a controles "muy estrictos" y al código ético. Ha señalado que era un negocio "lamentable", ya que la estación de autobuses de Marbella representaba un volumen de negocio del 0,6 por ciento del total. "Si hubiéramos querido quitarnos un peso de encima, le hubiéramos dado algo a este personaje", ha apostillado.
Para cada uno de estos tres procesados, la Fiscalía Anticorrupción solicita un año de prisión, al acusarlo de un delito de cohecho para acto injusto. Faltan por declarar seis acusados en este último bloque del juicio, entre ellos el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, quien podría declarar este miércoles.
