Los mandos de la Policía científica implicados en el caso del ácido bórico serán juzgados por falsedad

MADRID, 21, (OTR/PRESS)

La juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, dictó hoy un auto por el cual los cuatro mandos de la Comisaría General de la Policía Científica implicados en el caso del ácido bórico tendrán que enfrentarse a un juicio oral, por los delitos de falsedad documental y falso testimonio. En el escrito de la magistrada, se recrimina a la Fiscalía de Madrid que no goza del "monopolio" para abrir un proceso que el propio Ministerio Público había solicitado sobreseer y archivar al no apreciar delitos.

El ácido bórico, o lo que es lo mismo, el eslabón que enlazó en un momento los atentados del 11-M con la autoría de ETA, salta de nuevo al ruedo judicial. La juez Gemma Gallego dictó hoy un auto de apertura en el que emplaza a los cuatro mandos de la Comisaría General de la Policía Científica a un juicio oral por su relación con la elaboración del informe pericial que situaba el ácido bórico entre las sustancias químicas halladas en el piso de Hassan El Haski, uno de los procesados en el macrojuicio por el 11-M. Los acusados al ocultar las indicaciones relativas al mencionado ácido por considerarla "inconveniente" habrían cometido un delito de falsedad, según la juez.

En este proceso tendrán que personarse el comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, el secretario general de dicho organismo, Pedro Luis Mérida, el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas, y el jefe de Sección de esta misma unidad, Francisco Ramírez. A todos ellos, la juez les imputa cargos por falsedad documental y falso testimonio, a los que se añade el delito de encubrimiento en el caso de Santano.

INDICIOS DE DELITO

La juez Gallego contradice lo solicitado por la Fiscalía de Madrid y el abogado del Estado, instituciones que optaban por sobreseir y archivar la causa al no contemplar indicios delictivos. En su auto, la magistrada considera que "resulta indiscutido que en nuestro sistema procesal no existe el monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público".

Gallego considera la apertura de la causa procesal a la cúpula de la Policía Científica de "procedente", por unos delitos que ella sí considera "indiciariamente" acreditados. Coincide así con lo que ya acreditase la Audiencia Provincial de Madrid. Critica al abogado del Estado por asumir "una postura activa y efectiva de defensa" de los mandos policiales, situación que sería "difícilmente explicable" desde el punto de vista jurídico. En postura parecida a la del letrado del Estado se situaba la Fiscalía de Madrid, cuya "insistencia" sorprende a la juez. "Existen indicios sólidos de la comisión" respecto a los delitos por lo que se pretende juzgar a los cuatro acusados, según Gemma Gallego.

CRÓNICA DE LOS HECHOS

Los peritos encargados de la elaboración del informe respondieron en un primer momento por una presunta manipulación del informe e incluir conclusiones sin cabida en un documento de este tipo. Dato considerado delictivo por el juez Baltasar Garzón, apartado del caso al derivarse la competencia a los tribunales ordinarios. La juez Gallego se centra en el siguiente paso del informe, cuando pasó a los superiores de Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, primeros autores. Los mandos consideraron, según la juez, "inconvenientes" unos apuntes que el propio Francisco Ramírez habría modificado para que "no constara ninguna" de las observaciones.

Con esto, la juez Gallego considera que el jefe de Sección de la Unidad de Análisis "alteró el objeto de la petición solicitada por la Comisaría" y se atribuyó "él mismo la recepción de las muestras de analítica". Los siguientes pasos habrían sido que José Andradas, jefe de la Unidad de Análisis, remitiese a la Comisaría de la Información siguiendo instrucciones del secretario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano.