La Audiencia Nacional confirma su situación de prisión provisional por el riesgo de "destrucción de pruebas"
MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
Ana María Ramírez, secretaria personal y "mano derecha" del empresario David Marjaliza, presunto cerebro de la trama de corrupción Púnica junto al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, ocultó correos electrónicos sobre sus cuentas en Suiza y Singapur "detrás de cómodas, debajo de los colchones, dentro de una maleta y en bolsas situadas debajo de las camas".
Así consta en un auto hecho público este lunes en el que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestima un recurso de apelación presentado por la defensa de Ramírez y confirma la decisión del juez instructor Eloy Velasco de acordar su ingreso en prisión provisional incondicional, que acordó el pasado 30 de octubre.
El tribunal destaca que la secretaria de Marjaliza también escondía en su domicilio organigramas de las empresas creadas por los cabecillas de la red; dos sobres de divisas, entre ellos uno que contenía 24.345 euros; y contratos privados que "ponen de manifiesto la verdadera titularidad de las sociedades de la trama".
"POR ORDEN DE SU JEFE"
Los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel confirman la situación procesal de Ramírez por el riesgo de "destrucción de pruebas" que existiría si saliera de prisión y rechazan que la imputada, secretaria personal de Marjaliza durante los últimos 18 años, actuara "en todo momento en la creencia de la legalidad de su actuación", como argumentó su defensa.
Según su representación legal, todos los pagos y las llamadas telefónicas que realizó fueron "por orden de su jefe", lo que no implicaría que "ella participase en la comisión de los delitos que se imputan a Marjaliza".
El juez Velasco atribuyó a Ramírez, imputada por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y otros delitos, un "papel determinante" en la organización de Marjaliza con "una actuación activa en la confección de facturas" y en la "realización de pagos", así como en "el manejo" de su entramado societario. En concreto, aparecía como administrada o apoderada de diez empresas de la red.
En el marco de esta operación permanecen en prisión incondicional el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, los empresarios "conseguidores" David Marjaliza y Alejandro de Pedro; el director comercial de la empresa Cofely, Pedro García; y la propia Ana María Ramírez.
