BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha mantenido este lunes en Barcelona una reunión con el consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, en que han analizado la normativa sobre acción exterior del Ejecutivo catalán.
Según ha informado fuentes del Gobierno autonómico a Europa Press, el encuentro se ha producido en el Palau de la Generalitat, horas antes de un almuerzo-coloquio del ministro de Exteriores organizado por la Cámara de Comercio de Barcelona.
El propio ministro ha explicado en declaraciones a los periodistas, antes del almuerzo, que ha saludado a Mas antes de reunirse con Homs, y ha defendido el carácter "reservado" de su encuentro con Homs.
"Las reuniones reservadas son reservadas, por lo que ni aunque usted me repregunte bajo tortura voy a contestar", ha ironizado Margallo, que sólo ha explicado que se ha abordado sustancialmente el anteproyecto de ley de Exteriores del Gobierno central.
De Homs dependen las relaciones exteriores de la Generalitat, área a la que el Govern quiere dar más protagonismo, en el marco de la apuesta del Ejecutivo de celebrar una consulta de autodeterminación en Cataluña esta legislatura.
En un comunicado, el Govern también ha concretado que ha habido un saludo previo con Mas y que en el encuentro del ministro con Homs se ha abordado el anteproyecto de ley de acción exterior del Estado que el Consejo de Ministros aprobó el 1 de marzo.
LEY CATALANA DE ACCIÓN EXTERIOR
Además, el consejero Francesc Homs ha entregado a Margallo el borrador de la futura Ley de acción y servicio exterior de Cataluña, que el Govern quiere impulsar en esta legislatura.
A finales de marzo, Homs aseguró en el Parlament que esta norma pretende dotar a Cataluña de "estructuras de Estado" también en política internacional, desarrollando así lo que dice el Estatut.
Poco después de que el Consejo de Ministros aprobase su anteproyecto de Ley, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó que el objetivo de la reforma fuese "controlar" a las comunidades autónomas, aunque defendió aplicar el principio de coherencia ya que el Estado tiene competencia exclusiva en relaciones institucionales y es quien dirige la política exterior, según la Constitución.