La AN remite las desapariciones de menores que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y el Franquismo a los juzgados provinciales
MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Recuperación para la Memoria Histórica ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando que sea la Audiencia Nacional el órgano competente para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo, entre ellas las producidas a raíz del robo de niños.
El recurso presentado este viernes por el abogado de la asociación, Fernando Magán, estima que la Audiencia Nacional debe investigar estos robos para que la causa pueda tener "una visión de globalidad" y denuncia que el tribunal ha ignorado la Convención Internacional para la Protección de las Personas Víctimas de Desapariciones Forzadas de la ONU, vigente desde el pasado 23 de diciembre después de que España y otros 20 países la ratificaran.
La Convención mantiene que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad, lo que supone que es un "delito imprescriptible, inamnistiable y no susceptible de ser considerado delito político".
Por su parte, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestima el recurso presentado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en el que pedía que este tribunal siguiera practicando diligencias urgentes, tales como la toma de análisis de ADN en personas de avanzada edad para localizar a sus familiares desaparecidos.
El auto, del que ha sido ponente Enrique López, afirma que la resolución de este recurso "no requiere de un profundo estudio ni de extensos razonamientos" y añade que, "como bien informa el Ministerio Fiscal", el Juzgado Central de Instrucción número 5 es incompetente para investigar estos hechos.
De esta forma, remarca que "no se puede practicar diligencia alguna de investigación" en la sede de la Audiencia Nacional y remite la instrucción a los juzgados territoriales.
Magán ha expresado su deseo de que "se retrotraiga la situación al momento en que el juez Baltasar Garzón se declaró competente en octubre de 2008" y ha denunciado que durante el proceso se han vulnerado derechos fundamentales, como el de la tutela judicial efectiva o dilaciones indebidas.
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