BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejería de Economía aseguró hoy que si durante la investigación judicial se demuestra que hubo "afectaciones al interés público" en las actuaciones de Fèlix Millet y Jordi Montull en el proyecto de hotel del Palau, la Generalitat tomará las acciones legales oportunas contra sus responsables.
La Fiscalía de Urbanismo presentó hoy una nueva querella contra Millet y Montull por presuntos delitos continuados de tráfico de influencias y apropiación indebida en relación con la operación urbanística para construir el hotel del Palau --que finalmente se paralizó-- y no descartó nuevas imputaciones o que aparezcan evidencias de nuevos delitos.
En un comunicado, la consejería Economía hizo constar que en todo momento ha suministrado toda la información y documentación que le ha requerido el Ministerio Fiscal. Además, asegura que continuará proporcionando a la autoridad judicial y a la Fiscalía toda la información o material adicional que sea necesario en relación con la actuación de la Administración en el convenio firmado con la Fundación Palau de la Música para construir el hotel.
Sobre la operación que ha motivado la querella, la consejería explica que en 2006 la Fundación del Palau de la Música planteó al Ayuntamiento de Barcelona y a Economía su intención de remodelar y transformar el entorno del Palau como zona emblemática de la ciudad con un proyecto que contemplaba construir un hotel en la calle Sant Pere Més Alt.
Ambas partes manifestaron que se trataba de un proyecto de interés para la ciudad y, en base al "interés público" de la operación, la Generalitat se mostró dispuesta a cambiar la calificación urbanística en un suelo de su propiedad.
Para ello, se firmó un convenio en el que se manifestaba la intención de cambiar la calificación, sujeta a las preceptivas modificaciones en el planteamiento urbanístico, así como a las compensaciones adecuadas. Según la consejería, esta operación se ajustaba "plenamente" a la legalidad y, en todo momento, "quedaban garantizados los intereses patrimoniales" de la Generalitat.
En el convenio, asegura Economía, se contemplaban los mecanismos para asegurar el pago de la compensación correspondiente a la Generalitat y se sometía su eficacia a las autorizaciones oportunas en el ámbito de la Generalitat de Cataluña.
