Mujeres juristas denuncian que el plan de choque del CGPJ tras el confinamiento no tiene en cuenta el impacto de género

Publicado: lunes, 13 abril 2020 17:23

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres Juristas Themis ha denunciado este lunes que las propuestas que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el plan de choque que se pondrá en marcha para reactivar la justicia una vez finalice el estado de alarma por la pandemia del coronavirus carece de un informe sobre impacto de género.

Themis explica que en el primer documento de trabajo elaborado por el órgano de gobierno de los jueces se han obviado tanto la Ley sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas, como el artículo 10 de la Ley de Igualdad que regula que "los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto".

En este sentido, concluye que las medidas propuestas por el CGPJ tienen un "impacto negativo para las mujeres como mitad de las personas afectadas" en las reformas procesales en la especialidad de familia, así como en las de ámbito civil, que debe dar la respuesta "adecuada" a la violencia que se ejerce "contra las mujeres y los menores a su cargo en el ámbito de las relaciones de pareja".

RÉGIMEN DE VISITAS Y DEMANDAS DE DIVORCIO

Themis no entiende la necesidad introducir un artículo específico en la Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer el trámite para los incidentes que planteen los padres que durante el estado de alarma no hayan podido disfrutar del régimen de visitas de hijos menores.

La asociación señala en un documento de 8 páginas que "la fundamentación de cada sistema de reparto de estancias entre progenitores va más allá de un simple debe o haber aritmético", por lo que se debe ponderar "el derecho al contacto paterno y materno filial con otras exigencias derivadas del superior interés del menor y su necesidad de estabilidad en la frecuencia de contactos preestablecida".

Además, indica que no debe haber un "automatismo" en la compensación de visitas, ya que el criterio de la juntas de jueces y asociaciones no ha sido unánime a la hora de considerar si el régimen de visitas es una de las causas justificadas que prevé el real decreto del pasado 14 de marzo, que aprobó el estado de alarma.

Asimismo, cree que la modificación de la norma que regula la demanda y contestación en los procesos de nulidad, separación y divorcio, para obligar la incorporación de una declaración responsable sobre capacidad económica de cada uno de los litigantes, así como el documento sobre el ejercicio de las responsabilidades parentales como requisito de admisibilidad de las demandas, "no solo no colabora a la agilización de los pleitos, sino que los retrasa".

Para ello, se apoya en la experiencia en algunas comunidades autónomas, cuyas normativas ya contemplan la obligación realizar este trámite "burocrático" y ha causado "retrasos por requerimientos en caso de omisión".

Por otro lado, Themis también subraya que el plan de choque no ha previsto la tramitación de ejecuciones dinerarias por incumplimiento de prestaciones económicas en el ámbito de familia. "Estos incumplimientos agravan la ya difícil situación económica de muchas familias monomarentales afectadas con la crisis económica y de empleo", afirma.

LIMITACIÓN DE DERECHOS

Por último, al igual que han expresado algunos colegios de abogados, la asociación de mujeres juristas rechaza que la reformas procesales que se plantean afectan "negativamente" al derecho a una tutela judicial efectiva y a la defensa. En esta línea apuntan que en determinados casos, como los de violencia de género, la mediación no es un "instrumento óptimo para la resolución satisfactoria de estos conflictos".

Según recuerda la asociación, la última Macroencuesta realizada en 2015 a instancia de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se determinó que un 65 por ciento de las mujeres que sufren violencia no denuncian por distintas causas, como "miedo al agresor y a que no la crean, vergüenza, necesidad económica, minimización del acto de violencia sufrido, rechazo a ocasionar algún mal a su pareja".

"Si salen de la violencia es por vías distintas al proceso penal para el reconocimiento de esta violencia", apostilla Themis, que asegura que "prolongar el proceso de adopción de acuerdos en diversas sesiones de mediación a lo largo del tiempo, con las tensiones inherentes a ello, sin posibilidad de interponer demanda o solicitud de medidas previas, va a incrementar este riesgo".

Añade que la exigencia de asistencia al proceso de mediación, demorará las demandas de abandono económico, lo que conllevará que la obligación de abonar las cuantías relacionadas con alimentos tendrá validez desde la fecha de la interposición de la demanda y no desde que se inició el trámite.

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