Las partes en el juicio por el 'caso de los maletines' presentarán sus conclusiones definitivas a partir del martes

Actualizado 02/09/2007 14:05:25 CET

Anticorrupción pidió de forma provisional penas de prisión de entre dos y siete años para Vera y tres de sus colaboradores

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las partes personadas en el juicio por el denominado 'caso de los maletines', que se sigue en la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid contra el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera y tres de sus colaboradores por los pagos con dinero procedente de los fondos reservados a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, presentarán sus conclusiones definitivas entre el próximo martes, en el que tomarán la palabra el fiscal Anticorrupción y la acusación popular, y el miércoles, en el que el turno corresponderá a las defensas.

La Audiencia de Madrid juzga desde el pasado mes de marzo a Vera, al ex jefe de su secretaría personal Juan de Justo y a los entonces responsables del Servicio de Información Exterior y del Servicio de Operaciones, respectivamente, Félix Hernando y Aníbal Machín, para los que el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol pide penas de entre dos y siete años de prisión.

El representante del Ministerio Público, que hará públicas sus conclusiones definitivas en la sesión del martes, pidió en su calificación provisional que Vera sea condenado a 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta por esta causa. No obstante, añadía que, en el caso de dictarse sentencia condenatoria contra él, ésta podría entenderse abarcada en las condenas que ya le fueron impuestas por el Tribunal Supremo, por el secuestro de Segundo Marey y el 'caso Fondos Reservados'.

Asimismo, solicitó 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta para Juan de Justo y 2 años de cárcel y 5 meses de inhabilitación para Machín y Hernando, como cómplices de un delito continuado de malversación de caudales públicos del que consideró autores a Vera y De Justo. Estos últimos deberían indemnizar al Estado, según la petición inicial del fiscal, con alrededor de 1,8 millones de euros y subsidiariamente en la parte que le corresponda a Machín y Hernando.

La petición del Ministerio Público también contempla que Michel Domínguez y su esposa, Alicia Sánchez Carrión, paguen al Estado 737.441,86 euros por el dinero recibido, y José Amedo y su esposa, María Angeles Acedo, entreguen por la misma razón 677.340,65 euros.

La Acción Popular contra los GAL, que también presentará el martes su informe de conclusiones definitivo, pidió 8 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta para Vera y 6 años de prisión y 12 de inhabilitación para De Justo. Para Machín y Hernando reclama dos años de cárcel y 8 de inhabilitación.

Al día siguiente tomarán la palabra las defensas de los acusados, que solicitarán en sus informes de conclusiones la libre absolución de sus representados.

ORDEN DE VERA

Según el escrito de acusación, Vera fue nombrado director de la Seguridad del Estado el 24 de octubre de 1986 y "a raíz del ingreso en prisión de José Amedo y Michel Domínguez, el 13 de julio de 1988, por su implicación en los crímenes cometidos por los GAL", tras entrevistarse con las esposas de ambos, "decidió compensar la disminución de ingresos que para ambas había supuesto el ingreso en prisión de sus maridos".

A su juicio, el pago de estas cantidades tenía como objeto "garantizar el secreto de los dos procesados, a quienes el acusado había prometido el indulto, y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL, entre los que se encontraba el propio acusado".

Así, entre agosto de 1988 y enero de 1994, fecha en la que Vera cesó como director de la Seguridad del Estado, De Justo les entregó "sobres blancos cerrados con celofán y con los nombres de las destinatarias, que contenían entre 450.000 y 600.000 euros en efectivo, casi siempre en la propia Secretaría de Estado". En total ambas recibieron por este procedimiento no menos de 29,7 millones de pesetas.

El fiscal también señala que Vera, con el dinero de los fondos reservados, ordenó a De Justo a pagar el coste de dos intervenciones quirúrgicas efectuadas en la Clínica Ruber Internacional de Madrid a las mujeres de Amedo (603.000 pesetas) y Domínguez (300.000 pesetas). Además de estas cantidades, hizo llegar a los dos ex policías un total de 200 millones de pesetas (1.202.024 euros). Para ello, De Justo indicó a María Angeles Acedo y Alicia Sánchez que abrieran sendas cuentas corrientes en Suiza, en las que se efectuarían los ingresos.

VIAJES A SUIZA

Las mujeres de Amedo y Domínguez se trasladaron a Ginebra y el 15 de septiembre de 1989 abrieron dos cuentas en una sucursal de la UBS (Union de Banques Suisses), en las que figuraban sus maridos como personas autorizadas para disponer del dinero. El primer ingreso, siempre por orden de Vera y De Justo, se realizó el 31 de octubre de ese año: en cada una de las dos cuentas se abonaron 13 millones de pesetas y 100 dólares.

El 30 de enero de 1990 se ingresaron 25 millones de pesetas en cada una; el 25 de septiembre de 1990 se abonaron 30 millones de pesetas en la cuenta de la mujer de Amedo y 20 millones de pesetas en la de la esposa de Domínguez; el 4 de febrero de 1991, se hizo un último ingreso de 25 millones de pesetas en cada uno de los depósitos bancarios.

En las tres primeras ocasiones, es decir, en los ingresos de 1989 y los dos de 1990, se trasladaron a Ginebra para realizar los pagos los acusados Hernando y Machín. Según el fiscal, ambos transportaron el dinero en maletines y se encargaron de acompañar a Alicia Sánchez y María Angeles Acedo a la oficina de la UBS, donde, estando presentes las cuatro personas, se efectuó el ingreso de las cantidades en efectivo en ocasiones directamente y en otras después de transformar el dinero en ECU's o en francos suizos.

El escrito del fiscal indica que en el cuarto y último viaje, Juan de Justo y el entonces secretario personal del director general de la Guardia Civil, Rafael Yuste Martínez se desplazaron personalmente a Ginebra, aunque el segundo "desconocía el verdadero objeto del viaje".

El dinero transportado en aquellos viajes había sido retirado previamente, en efectivo o a través de cheques, de la cuenta de fondos reservados del Ministerio de Interior abierta en el Banco de España. Los gastos generados por los viajes a Ginebra, tanto los billetes de avión como los alojamientos, fueron también sufragados con cargo a la citada cuenta de los fondos reservados.