LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Partido Comunista de los Pueblos de España tiene como objetivo "la concesión de plenos derechos a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes", según informó hoy en un comunicado.
Los comunistas critican que PSOE y PP analizan el fenómeno de la inmigración "siempre desde la perspectiva de ser un problema". "Como han de conjugar las necesidades económicas y de mano de obra del país con el racismo, la xenofobia y el eurocentrismo que impregnan a una parte importante de la sociedad española, realizan procesos de regularización masivos para luego cerrar las fronteras colocando vallas o patrullando por las costas españolas", argumentan.
Los trabajadores inmigrantes son, a juicio del PCPE, "utilizados por el capitalismo español para presionar sobre los salarios y las condiciones laborales conseguidas años atrás por las luchas del movimiento obrero".
Desde este partido critican además que la regulación masiva y "necesaria" de trabajadores extranjeros, realizada por el Gobierno de Zapatero para satisfacer unas "demandas empresariales demasiado fuertes como para ser desatendidas", ha sido seguida por una posterior política "durísima de expulsiones y represión policial" para convertirse "en una fortaleza a la que sólo puedan entrar los extranjeros que interesen al capital".
El PCPE parte de la base de que la clase obrera es igual venga de donde venga, pues está "en la misma posición de explotación respecto de su trabajo". "Pero al capitalismo le interesa que unos se sientan amenazados por otros, que prefieran defender sus cadenas antes que unirse para que no haya ninguna cadena", señalan en su comunicado los comunistas, que proponen la completa igualdad de derechos, incluidos los derechos políticos: "no es admisible que la población extranjera participe plenamente del proceso económico y productivo y no pueda participar políticamente en la sociedad en la que vive", explican.
Por todo ello, el PCPE plantea el reconocimiento de la ciudadanía a todas la personas que viven y trabajan en España, el rechazo a la Ley de Extranjería, el establecimiento de "garantías contra la tortura", el diseño de planes de transformación y alcance universal de los servicios públicos y la revisión de las políticas educativas para la "plena integración de los hijos de los trabajadores y trabajadoras extranjeros".
