MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PDeCAT pedirá al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que levante los controles que está ejerciendo el Ministerio de Hacienda en las cuentas de la Generalitat de Cataluña, al margen del artículo 155, y además reclamará la retirada del decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy para la facilitar la salida de las empresas de esta comunidad autónoma.
Según informaron a Europa Press fuentes de la formación nacionalista catalana, consideran que la respuesta positiva a estas peticiones sería un gesto de buena voluntad del nuevo Gobierno de cara a la reapertura del diálogo.
El ministro Cristóbal Montoro estableció los primeros controles reforzados de las cuentas catalanas en noviembre de 2015, cuando obligó a certificar mensualmente la legalidad de los pagos que realizaba, amparándose en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En primavera de 2017, este control pasó a ser semanal.
Pero fue el 21 de septiembre de 2017 cuando el Ministerio de Hacienda se hizo cargo de los pagos de las facturas de la Generalitat, no solo de las del Fondo de Liquidez Autonómica, sino también de las del sistema de financiación ordinario.
Esta última medida se levantará en el mismo momento que se deje de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que previsiblemente será este sábado cuando se prevé la toma de posesión de los Consejeros catalanes.
Sin embargo, el ya exministro de Hacienda aseguró a mediados de mayo que, aunque se levante el artículo 155 de la Constitución, el Ministerio seguiría manteniendo los controles mensuales de las cuentas catalanas.
FRENAR LA SANGRÍA DE EMPRESAS
Pero ahora, con el cambio de Gobierno, una de las primeras medidas que va a pedir el PDeCAT al Ejecutivo es precisamente esta, que se levante ese control férreo que se pretendía seguir manteniendo por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
Además, el Gobierno saliente aprobó el pasado 6 de octubre un real decreto de medias urgentes para facilitar la salida de las empresas de Cataluña, después del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre y ante la inminencia de una declaración de independencia, en aquel momento, por parte del Ejecutivo catalán.
Con aquella medida se facilitaba el cambio de sede social de manera inmediata, con la sola aprobación por parte del Consejo de Administración de cada sociedad, sin necesidad de convocar la junta de accionistas. De esta forma se facilitaron los trámites para que las empresas que lo desearan pudieran trasladar su sede social fuera de esta comunidad autónoma, salvo que existiera una declaración expresa en sentido contrario en los Estatutos de la Sociedad.
Entre las primeras en tomar esta dedición estuvieron Banco Sabadell y La Caixa, ante la perspectiva de que Carles Puigdemont declarara la independencia, y tras ellas se ha ido sucediendo un reguero de salidas que a finales de mayo superaba ya las 4.000. Por ello, el PDeCAT ha pedido al nuevo Gobierno que retire ese real decreto, con el fin de frenar la sangría en la medida de lo posible.
