MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
Peritos destacan ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a exdirectivos de Sa Nostra, por aceptar en 2008 que el Grupo Martín Gual se quedara con los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca, que ninguno de los tres procesados se enriquecieron con esa operación inmobiliaria.
En esta quinta sesión de la vista oral que se celebra en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, los magistrados han terminado de escuchar a dos analistas que aportaron tanto las acusaciones como la defensa de varios de los procesados. Ambos han coincidido en que del análisis patrimonial de los intervinientes en esa operación no se identifican "irregularidades ni incidencias".
En esta causa son juzgados los directivos de Sa Nostra Pablo Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y el empresario Javier Collado, dado que el promotor Martín Gual ya falleció. A todos ellos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación indebida, subsidiario de delito continuado societario, y pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.
La operación que ha acabado sentándoles en el banquillo data de 2008 cuando la entidad dio el visto bueno a que Martín Gual se quedara con los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca, por medio de la subrogación de la deuda de esos terrenos, a cambio de que Sa Nostra le comprara su parte en dos sociedades, Sepik y Paine.
Si bien los peritos del Banco de España apuntaron este martes que hubo "mala praxis" en la operación, este miércoles el perito de PWC a preguntas de la defensa de Batle y Dols ha indicado que un informe de auditoría interna de Banco Mare Nostrum (BMN) --quien se quedó con la caja-- sobre acreditados heredados señala que no se identificaron pruebas de que alguna de las operativas constituyera delito doloso.
El perito de PWC también ha sido cuestionado por la fecha exacta en la que se ceden activos a la Sareb provenientes de BMN, febrero de 2013, y ha ratificado además que la gestión de BMN sobre activos de Sa Nostra arranca en enero de 2011. La defensa de los ejecutivos ha apuntado entonces que la gestión de los mismos desde esa fecha no corresponde a Sa Nostra, pero el perito ha matizado que la problemática hay que buscarla en el origen de la operación, en 2008. "Es un problema heredado" por BMN, ha añadido.
LOS PRECIOS DE ADQUISICIÓN Y LA NORMA ECO
Tras varias preguntas encaminadas a determinar nombres de sociedades y a quien pertenecían, el perito de PWC ha sido cuestionado sobre la compra por parte de la caja de las participaciones de Gual en las sociedades Sepik y Paine. Ha destacado que el precio pagado por los terrenos de esas sociedades se calculó por parte de los directivos con tasaciones que "no cumplían con la normativa ECO" por lo que de facto no fue correcto.
Además, ha incidido en que quien compraba era la caja de ahorros balear, y que dado que los terrenos estaban sobrevalorados se generó un perjuicio. "Cuando se materializa el perjuicio, éste es mayor que si lo hubiésemos comprado a precio de mercado", ha indicado.
Por su parte, el perito aportado por la defensa ha subrayado que la última operación de riesgo de Sa Nostra hacia Martín Gual fue en abril de 2010, a efectos de delimitar lo imputable a sus representados, y que el contrato de vinculación de Sa Nostra con BMN es de enero de 2011.
Tras esto ha incidido en que con la subrogación para Son Bordoy no se dio un incremento del riesgo monetario entre la caja y el grupo de Gual --las dos sociedades que intervinieron en esos terrenos fueron Haras y Nueva Palmira--. Y ha añadido que el conjunto de la financiación dada por Sa Nostra es de 18 millones a Haras más aproximadamente 4 millones a Nueva Palmira, "en total 23 millones".
Al hilo, el perito ha afirmado que tras el cambio de Sa Nostra a BMN, el banco siguió financiando al grupo de Martín Gual, por ejemplo con 9 millones a una de sus empresas constructoras. Y ha reconocido que si bien en época de Sa Nostra el grupo de Gual aporta 3 millones, en 2011 ocurre lo contrario, hay una detracción de más de 5 millones.
"El origen de fondos es 22,8 millones, los pagos realizados computan importe de 26 millones de euros. La diferencia es de 3,7 millones, que es la aportación de Grupo Martín Gual", ha incidido.
OTROS TESTIGOS
Este miércoles la Sala ha escuchado a otros testigos que formaron parte de órganos de decisión de la caja en la época en la que se llevó a cabo la operación de Son Bordoy. A preguntas de las partes, la mayoría ha reconocido --como ya hicieran otros en sesiones anteriores-- que a la hora de aprobar operaciones no solían ver los expedientes, que entendían que había un trabajo previo y que los conocimientos económicos que tenían eran nulos.
Según el escrito de acusación de Fiscalía, desde la caja de ahorros hoy ya desaparecida entre 2005 y 2010 se produjeron sucesivas operaciones de financiación al Grupo Martín Gual, que fueron concedidas sin valoración real de los riesgos, sin tasaciones actualizadas y sin estudios de viabilidad. "El resultado fue el desvío de una parte importante de los fondos entregados, que quedaron definitivamente en manos ajenas a la caja de ahorros, así como la causación de un perjuicio patrimonial relevante a la entidad", indicaba.
Según la acusación, en 2008, dadas las dificultades financieras de grupos empresariales financiados por Sa Nostra y con el propósito de
ocultar la situación financiera real que eso generaba en la entidad, Batle, Dols y Oliver "se concertaron con Martín Gual para que éste se
colocase en el lugar de las sociedades Grupo FBex y Grupo Ibercom, fuertemente endeudadas con Sa Nostra y que en ese momento atravesaban grandes dificultades financieras".
"El objetivo era mantener oculto ante terceros el progresivo deterioro patrimonial de la Caja y Martín Gual aceptó colocarse en la posición de tales deudores porque para ello no habría de asumir riesgo alguno. En su lugar, percibió un importante beneficio económico", sostenían el Ministerio Fiscal.
