MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones que presentaron en julio de 2010 una querella en la Audiencia Nacional por el asalto de la denominada 'flotilla de la libertad' han solicitado al juez Pablo Ruz que cite a declarar como testigo del presidente de Israel, Simon Peres, aprovechando la visita oficial a España que ha comenzado este lunes y se prolongará hasta el próximo día 24.
Las acusaciones populares, entre las que se encuentra el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, pretenden "conocer las informaciones que puede tener el presidente Peres de los hechos acontecidos y delimitar las responsabilidades de cada una de las autoridades israelíes por sus órdenes de asalto a barcos civiles en aguas internacionales".
La petición de declaración de Peres está motivada por "la escasa o nula colaboración que las autoridades israelíes muestran hacia cualquier investigación que les afecte", como demuestra que aún no hayan contestado a la comisión rogatoria que el juez Ruz cursó el pasado 30 de julio de 2010.
En esa fecha el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 preguntó a Turquía, Israel y el Tribunal Penal Internacional (TPI) si han abierto alguna investigación sobre el ataque contra la 'flotilla de la libertad', ocurrido el pasado 31 de mayo en aguas internacionales, antes de decidir si admite a trámite o no la querella, que fue presentada que tres activistas españoles.
La acción penal, por la que el magistrado abrió diligencias previas, está dirigida contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, otros seis cargos de su Gobierno y un alto mando militar por un supuesto delito de lesa humanidad con resultado de detención ilegal, deportación y tortura.
COMISIÓN 'AD HOC'
A juicio de las asociaciones, Israel "ha efectuado una comisión ad hoc, llamada 'comisión Turkel', sin potestad jurisdiccional alguna, con ánimo de eximir a las autoridades y militares israelíes y que pretende eludir las conclusiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas". * La asociación Cultura y Paz y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe consideran que "la ocupación palestina y el bloqueo de Gaza que realiza Israel no se podrían mantener sin el concurso cómplice de los Gobiernos europeos y de los que conforman el Cuarteto". "El apoyo que dan a la política de ocupación israelí y a su política racista que se ve reflejada en el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel y en el intercambio militar", afirman.
Los tres activistas españoles que viajaban en el convoy, Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra, como acusación particular, y las asociaciones Cultura, Paz y Solidaridad y Comité de solidaridad con la causa árabe, como acusaciones populares, consideraron que los hechos denunciados, además de un delito de lesa humanidad, pueden ser también constitutivos de un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, concretado en maltrato, puesta en peligro de la vida, torturas y otros tratos inhumanos y utilización de medios de combate prohibidos o desproporcionados.
En su querella, solicitaban al juez que tome declaración a los querellados. En concreto, son, además del jefe del Ejecutivo israelí, sus ministros de Defensa, Ehud Barak; Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman; Inteligencia y Asuntos Atómicos, Dan Meridor; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; Interior, Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin, y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer 'Chiney' Maron.
HECHOS DENUNCIADOS
Los tres españoles denunciaron que fueron "detenidos ilegalmente, trasladados forzosamente a territorio israelí y deportados a territorio turco, todo ello al margen de lo estipulado en el derecho internacional y sin perjuicio del despojo sufrido de sus pertenencias, documentación y material".
La querella contiene un relato pormenorizado de los hechos desde que, el pasado mes de mayo, los tres activistas partieron en la embarcación Mavi Mármara desde Turquía, "previos exhaustivos controles de seguridad portuarios, que incluían registros personales y de las pertenencias" hacia Gaza. El día 31 de mayo el Ejército israelí "abordó violentamente" los seis barcos de la denominada 'Flotilla de la Libertad' que se dirigía a Gaza para llevar ayuda humanitaria.
La actuación del Ejercito israelí se saldó con nueve activistas fallecidos en la embarcación Mavi Mámara, 38 heridos y otros tantos desaparecidos. Asimismo, se detuvo y trasladó por la fuerza al resto de pasajeros hasta el puerto de Ashdot, en territorio israelí, más tarde fueron encarcelados en la prisión de Beer Shiva para luego ser deportados y expulsados desde el aeropuerto de Ben Gurión con destino a Estambul, tal y como planearon siete ministros israelíes, que "días antes de producirse los abordajes y la masacre", se reunieron y "planificaron la operación y dieron la orden para dar el ataque", según los querellantes.
