Marlaska resalta la necesidad de mantener la unidad política tras celebrar una reunión sin la asistencia de Vox, ERC y EH Bildu
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este lunes la actualización del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, que recoge que las policías autonómicas --Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra-- serán las encargadas de dar la primera respuesta en caso de registrarse un atentado en sus territorios, evitando de esta forma "disfunciones" entre cuerpos policiales.
Grande-Marlaska ha informado sobre la actualización del Plan Antiterrorista en una rueda de prensa en la que ha reclamado mantener la "unidad" de los partidos políticos. Previamente, ha expuesto las novedades a todos los grupos parlamentarios excepto Vox, ERC y EH Bildu, que han declinado asistir a la reunión en el Ministerio del Interior.
El plan, aprobado en 2005 y que no se actualizaba desde 2015, mantiene los cinco niveles de alerta, asegurando Grande-Marlaska que "no hay ninguna voluntad" de rebajar por ahora el Nivel 4, activado en paralelo a la última revisión.
CREACIÓN DE CENTRO DE GESTIÓN DE CRISIS TERRITORIAL
El ministro del Interior ha asegurado que, en adelante, se creará un Centro de Gestión de Crisis Territorial hasta que se produzca la localización y detención de los autores de un atentado. Este centro estará activado hasta conseguir la reducción del riesgo provocado por la acción terrorista.
La novedad, según las explicaciones de Interior, está en que ahora el plan recoge por escrito el mecanismo de coordinación en la primera respuesta en caso de atentado terrorista. En las regiones con sus policías propias --"policías integrales" a todos los efectos-- son estos cuerpos los que activarán la primera respuesta, sin perjuicio de la participación de Policía Nacional y de Guardia Civil, o de que la autoridad judicial establezca una dirección en la investigación.
En el documento queda reflejado que, en los supuestos de atentado terrorista en España o en el extranjero si son contra personas o intereses nacionales, se reunirán de inmediato la Mesa de Coordinación y la Mesa de Evaluación de la Amenaza, que tiene en adelante un "carácter reforzado".
En esta Mesa de Coordinación estará la Secretaría de Estado de Seguridad y su Dirección General de Coordinación y Estudios, así como representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
También cuenta con asistencia de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Ciberseguridad, Protección Civil y Emergencias, la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería o la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, encargada de la atención temprana a las posibles víctimas.
EVITA COMENTAR ATENTADOS RECIENTES
El ministro ha evitado contestar a preguntas de la prensa sobre las deficiencias detectadas en atentados como el ocurrido en Cataluña en 2017, señalando que lo que se pretende es mirar hacia delante para perfeccionar el mecanismo de coordinación con "nuevos procedimientos que permitan identificar, localizar y capturar a los autores, así como favorecer una pronta recuperación y vuelta a la normalidad ciudadana e institucional".
El Plan Antiterrorista aprobado en 2005 fue revisado en 2009 y 2015. Ahora incorpora las directrices de la Estrategia contra el Terrorismo de la UE, revisada en 2017, de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo de 2019 y de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2021 en relación al fenómeno de la radicalización de tipo yihadista.
Grande-Marlaska ha explicado que su diseño se adapta al riesgo que entrañan los "modernos procesos de radicalización hacia diferentes tipos de extremismos violentos", en particular los de carácter yihadista, cuya principal expresión son las acciones violentas protagonizadas por los llamados 'actores solitarios' y por grupos o células auto-radicalizadas.
El plan --elaborado con el CNI e Instituciones Penitenciarias-- recoge la forma de preservar "objetivos sensibles" en ámbitos como las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre los que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales, así como los centros y organismos públicos u oficiales, así como cualesquiera otros, cuya destrucción, ataque o degradación suponga un daño importante.
