MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La reforma del Estatuto Andaluz pasó ayer su primer trámite parlamentario con 306 votos a favor y dos abstenciones, convirtiéndose de este modo en la primera reforma estatutaria de la legislatura que sale adelante sin votos en contra. Las dos abstenciones, de BNG y EA, se basaron en el argumento de que la reforma se ha empleado "como arma de la defensa de la unidad de España en contra de los nacionalismos catalán, gallego y vasco". El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cree que la aprobación del texto una "magnífica noticia" y la constatación del "éxito del estado de las Autonomías"
El acuerdo alcanzado 'in extremis' entre PP y PSOE durante su debate en Ponencia y en la Comisión Constitucional sobre el término "realidad nacional" ha sido determinante para conseguir un apoyo tan unánime al texto. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ve en la aprobación de esta reforma "el éxito de la democracia, de la ciudadanía y del Estado de las Autonomías".
En una rueda de prensa tras la votación en el Congreso, el presidente destacó que el éxito de la reforma viene acompañado por el "consenso" y por "un gran acuerdo político", que no lo hubo en la redacción inicial de la reforma del Estatuto y sin embargo sí que se ha dado ahora. En relación al polémico término de "realidad nacional", el presidente aseguró que "no hay afectación desde el punto de vista de la esencia y los fundamentos de nuestro orden constitucional".
La práctica unanimidad de los votos que han apoyado esta reforma contrasta con las exiguas mayorías que han dado luz verde a los estatutos catalán o el valenciano o incluso con el vasco, que ni siquiera pasó el trámite de toma en consideración.
Sin embargo, ERC y BNG se abstuvieron en la votación del texto al considerar que la reforma del Estatuto andaluz se ha convertido en un "arma" para defender la unidad nacional y en contra de los nacionalismos vasco, catalán y gallego.
Sobre la reforma también habló la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que resaltó el triunfo del "diálogo" y "la fuerza de los argumentos" que ha permitido que -en clara alusión al PP- "los más reticentes se hayan sumado a un acuerdo que permitirá a Andalucía disponer de un texto que será palanca para transformar la sociedad y al mismo tiempo una garantía del estatus de la comunidad en el conjunto del Estado.
En ese sentido, elogió el "esfuerzo y generosidad" de todos los grupos durante la tramitación del texto en Ponencia y Comisión hasta lograr el apoyo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas a pesar de que tras el debate de toma en consideración los augurios no eran buenos.
REALIDAD NACIONAL: NO SIGNIFICA NADA
El presidente del PP, Mariano Rajoy, reconoció que la negociación del término "realidad nacional" que aparece en el preámbulo ha sido el punto más complejo y aunque "no entusiasma a nadie", recordó que comenzó siendo un problema de constitucionalidad y se ha reconvertido en una cuestión "meramente estética" que en su opinión "carece de relevancia" porque "no significa nada". "Hay que transigir con las cosas que carecen de consecuencias", dijo. Rajoy cree que la reforma supone "un buen estatuto; es inequívocamente constitucional, cierra el paso a cualquier veleidad nacionalista y es fruto del consenso entre los dos principales partidos".
A partir de mañana la reforma comienza su tramitación en el Senado, donde está previsto que el texto sea aprobado en sesión plenaria el 20 de diciembre. Hasta el momento, el PA es el único partido que ha anunciado su intención de presentar enmiendas al texto que apruebe el pleno del Congreso, algo que hará a través del PNV al no contar con representación en la Cámara Alta.
La reforma estatutaria andaluza es la tercera que ve el Senado (el llamado 'Plan Ibarretxe' no superó el trámite del Congreso) y será la más que siga una tramitación más larga. El primero en llegar fue el Estatuto de de la Comunidad Valenciana, que se fue revisado en tres semanas y aprobado el 8 de marzo. El siguiente, el Estatuto de Cataluña, entró en la Cámara Alta el 31 de marzo y fue aprobado en sesión plenaria el 10 de mayo, más o menos el mismo tiempo que los grupos tienen previsto invertir en la reforma andaluza.