La Policía atribuye a los dos detenidos en Las Palmas un delito de ciberterrorismo por vender datos de políticos

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha atribuido a los dos detenidos en la provincia de Las Palmas por la filtración de datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros dirigentes políticos un delito de ciberterrorismo por vender ilícitamente las bases de datos que contenían información sensible y monetizar estas actividades.

Los detenidos son dos varones nacidos en 2006 y son también presuntos responsables de la filtración de datos de varios profesionales de medios de comunicación, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

En concreto, la Policía ha señalado que el principal arrestado es responsable de la filtración de datos personales de altas personalidades del Estado y del Gobierno. Además, valiéndose de la publicidad y trascendencia de estas publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a bases de datos que contenían informaciones sensibles. El segundo arrestado se encargaría, presuntamente, de monetizar estas actividades.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron la filtración de datos personales en diversos canales de difusión masiva y redes sociales. Los mismos perfiles digitales que publicaban los datos reivindicaban la posesión de los mismos. Además alardeaban de su capacidad para venderlos, lanzando mensajes amenazantes sobre futuras publicaciones en la misma línea, "con el consiguiente peligro para la seguridad nacional", según ha explicado la Policía en un comunicado.

COBRO MEDIANTE CRIPTOMONEDAS

La estructura que utilizaban los detenidos para sus actividades delictivas incluía el cobro mediante el uso de criptomonedas como medio que facilita el anonimato y dificultar el rastreo de los fondos por parte de los investigadores.

Las detenciones se han desarrollado en el marco de la investigación a cargo de la Audiencia Nacional y se encuentra bajo secreto de sumario al afectar a altas personalidades del Estado y del Gobierno.

La operación policial se ha desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) y ha contado con la colaboración del CNI y de las Brigadas Provinciales de Información de Madrid y Las Palmas. Todo ello ha sido coordinado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional.