21 de febrero de 2020
 

El exjefe de Formación Ocupacional de Granada, entre los detenidos por el fraude de los cursos

Actualizado 02/03/2015 18:38:28 CET

MADRID/GRANADA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha iniciado este lunes una nueva fase en su investigación sobre el fraude de los cursos de formación en Andalucía mediante la denominada 'operación Edu Centro', enfocada a esclarecer las actividades de más de cien responsables y personas vinculadas a 70 empresas, que se beneficiaron de 8,5 millones de euros procedentes de subvenciones públicas, según los cálculos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press que entre este lunes y los próximos días está previsto el arresto de 103 personas y la imputación de otras 11, es decir, un total de 114 implicados. Se trata de empresarios, promotores y funcionarios públicos. Entre las detenciones que ya se han practicado se encuentra el exjefe del servicio de Formación Profesional Ocupacional de Granada y actual secretario provincial de Fomento y Vivienda de la Junta, Juan Manuel León Sánchez.

Estas actuaciones son una prolongación de la 'operación Edu Costa' desplegada en febrero contra 90 personas en las provincias costeras de Málaga, Cádiz y Almería. La mayoría de ellos también eran empresarios vinculados a un total de 52 empresas, aunque también estaban implicados algunos cargos públicos o ex dirigentes.

PILAR SÁNCHEZ, IMPUTADA

Entre ellos se encuentra la ex alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pilar Sánchez, quien, según han confirmado fuentes policiales, prestó declaración ante los investigadores en calidad de imputada y no de detenida como se informó por error inicialmente.

La mayoría de detenciones e imputaciones en esta operación 'Edu Centro' se van a practicar en Jaén, Granada y Córdoba, aunque también está previsto el arresto de otras cuatro personas y dos imputados más en Almería. En todos estos lugares, las investigaciones de la UDEF ya se encontraban judicializadas en varios juzgados locales.

Los investigadores advierten de que 'Edu Costa' y 'Edu Centro' (ambas derivadas de la 'operación Edu') son dos fases de una misma investigación con características idénticas. En ambos casos se investiga a los responsables de empresas que se beneficiaron de las subvenciones públicas con compromiso de contratación y sobre las que hay sospechas de actuaciones irregulares.

UN MÁXIMO DE 200.000 EUROS

Las empresas implicadas recibían subvenciones que pocas veces superaban los 200.000 euros. De hecho, las fuentes consultadas precisan que la máxima subvención destinada entre las 70 empresas implicadas en 'Edu Centro', fue de 220.000 euros.

Los investigadores comparan estos casos con las primeras investigadas en la primera fase que se trataba de entramados de mayor entidad como los que dirigía el ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, al frente de la empresa Prescal, especializada en formación y consultoría. Ojeda ya fue detenido el pasado verano y se le atribuye el movimiento de millones de euros.

Estos trabajos son el resultado de meses de indagaciones en las que los funcionarios de la UDEF llegaron a realizar en torno a 3.500 entrevistas personales con los alumnos y los profesores que impartieron los citados cursos. A partir de estos trabajos se pudo detectar que había empresas que mentían a la hora de informar sobre el número de alumnos a los que se impartían los cursos o que contrataban profesores con nulo conocimiento sobre los asuntos a tratar.

En ocasiones había empresas que llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos luego les devolviesen la mitad del sueldo acordado. En otras ocasiones los cursos ni siquiera se llegaban a celebrar, según las mismas fuentes consultadas.

Según informan fuentes de la investigación a Europa Press, el grueso de las pesquisas en torno a los cursos de formación en Andalucía barajan un fraude total que oscilaría entre los 2.000 y los 3.000 millones de euros y hacen hincapié en la existencia de una veintena de expedientes sobre actividades de empresas que habrían llegado a estafar decenas de millones de euros.

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