MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) - Las víctimas, una de ellas captada cuando era menor de edad, eran obligadas a consumir drogas y recibían palizas de los clientes si se negaban a algún tipo de servicio, hechos que los proxenetas justificaban diciendo que "el cliente puede hacer con ellas lo que quiera". Las investigaciones comenzaron con dos llamadas al teléfono gratuito contra la trata de la Policía Nacional y una comunicación enviada a través de su web. Varios ciudadanos anónimos denunciaron las condiciones impuestas por una organización asentada en Murcia a las mujeres explotadas sexualmente en sus prostíbulos. Las proxenetas se aprovechaban de la necesidad de las víctimas, en su mayoría mujeres extranjeras en situación irregular en España, en algunos casos madres lactantes, incluso alguna de ellas captada y explotada sexualmente cuando aún era menor de edad. El hecho de ofrecer los servicios de mujeres lactantes era especialmente difundido por la organización mediante publicidad con fotografías explícitas. Las abusivas condiciones a las que eran sometidas las mujeres iban desde un sistema de "multas" por no cumplir las reglas de la "casa", cobros abusivos por uso de servicios básicos o impagos de los servicios sexuales bajo diferentes pretextos, todo ello orientado a aumentar los beneficios obtenidos por el grupo criminal. Asimismo, los miembros masculinos de la organización exigían servicios sexuales gratuitos a modo de "derecho de pernada" y obligaban a las víctimas a consumir sustancias estupefacientes si el cliente también lo hacía. Tal era el sometimiento impuesto por los proxenetas que incluso justificaban que los clientes agredieran físicamente a las víctimas si éstas se negaban a mantener ciertos tipos de relaciones sexuales. Tras cinco meses de investigación, los agentes han desarrollado un operativo final simultáneo en tres clubs de Lorca y uno más de Totana. Un total de 12 personas han sido arrestadas --10 en Lorca y 2 en Totana-- durante los registros como presuntos autores de delitos relativos a la prostitución, corrupción de menores, falso testimonio, favorecer la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal. Entre los arrestados se encuentran los propietarios y encargados de los prostíbulos --en uno de los casos, madre e hijo--, con edades comprendidas entre los 21 y 59 años de edad. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, con la colaboración de las UCRIF de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, de Zaragoza y de Albacete, así como del Grupo Operativo de Extranjeros de Lorca y el Grupo de Apoyo Operativo de Murcia.
