Fiscalía y Abogacía del Estado proponen al instructor que vuelva a citarla tras el plantón del 24 de abril
MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La ex consejera catalana y eurodiputada Clara Ponsatí ha enviado un nuevo escrito al instructor del 'procés', el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, donde apela al principio de "cooperación leal" entre instituciones europeas y nacionales para insistir en que debe suspender el procedimiento judicial en su contra por el 1-O hasta que la Eurocámara conteste a su demanda de amparo.
Así se expresa su defensa en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, donde responde al requerimiento efectuado por Llarena, que dio cinco días a Ponsatí para que aportara los documentos que acreditan las explicaciones que dio para no acudir a su cita en el alto tribunal del pasado 24 de abril.
Entonces, la ex consejera alegó que ese día tenía que asistir a reuniones de dos comisiones de la Eurocámara, al tiempo que advirtió a Llarena de que debía suspender el procedimiento judicial a la espera de que el Parlamento Europeo respondiera a la demanda de amparo presentada el 28 de marzo.
La defensa reitera que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), una vez iniciado el procedimiento de amparo de los privilegios e inmunidades de los eurodiputados es obligatorio paralizar la causa.
Alude concretamente a una sentencia ('caso Marra') donde se hace referencia a "la obligación de cooperación leal entre las instituciones comunitarias y las autoridades nacionales".
Ponsatí esgrime que "las obligaciones que se derivan para el juez nacional del principio de cooperación leal no dependen de las circunstancias fácticas de la demanda de amparo a la que se refería aquella sentencia, sino de la mera existencia de un procedimiento de amparo de los privilegios e inmunidades parlamentarias".
"Por ello, habiendo sido informado (...) del inicio de un procedimiento de amparo de los privilegios e inmunidades parlamentarias de la señora Ponsatí, corresponde al magistrado instructor cumplir con las obligaciones que le incumben", afirma.
Apunta además que, "en caso de duda sobre el alcance de sus obligaciones", debe dirigirse al TJUE, abriendo así la puerta a que Llarena plantee una cuestión prejudicial al tribunal comunitario.
SEGUNDA OPORTUNIDAD
Llarena también pidió a Fiscalía y Abogacía del Estado que se pronunciaran sobre la posibilidad de reactivar la orden de detención nacional contra Ponsatí, después de que plantara al Supremo aduciendo que ese día tenía trabajo en el Parlamento Europeo.
Tanto el Ministerio Público como los Servicios Jurídicos del Estado han abogado por volver a citar a la ex consejera, pero rechazando suspender el procedimiento penal. En este sentido, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena recordaron que Ponsatí fue procesada mucho antes de que se convirtiera en eurodiputada y, en consecuencia, de que gozara de inmunidad alguna. De hecho, subrayaron que, si no fuera por que huyó, probablemente ya habría sido juzgada.
El objetivo de Llarena era tomar declaración a Ponsatí en calidad de procesada por un delito de desobediencia para poder continuar con el procedimiento penal en su contra por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
El proceso penal estaba paralizado desde que Ponsatí huyó de España, pero la maquinaria del Supremo volvió a ponerse en marcha el 28 de marzo, cuando la ex consejera se presentó en Barcelona desoyendo su obligación de comparecer ante el alto tribunal, precisamente, para poder efectuar esa declaración indagatoria.
Ese día, tras ser detenida por los Mossos d'Esquadra y llevada ante un juzgado de guardia de la ciudad condal, en virtud de la orden de detención nacional que tenía vigente, Llarena acordó dejarla en libertad y citarla para el 24 de abril. Sin embargo, llegado el día y la hora no se presentó en el Supremo.
PLANTÓN AL SUPREMO
Ahora, una vez escuchadas las partes, el instructor del 'procés' podría dar una segunda oportunidad a Ponsatí o incluso reactivar la orden nacional de captura contra ella, aunque solo surtiría efecto si volviera a pisar España.
Cabe recordar que el juez retiró las órdenes de busca y captura europeas e internacionales contra Ponsatí y los demás prófugos del 1-O, precisando que ya solo podría reactivarlas para el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Lluis Puig, porque tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación eran los únicos imputados por delitos que conllevaban cárcel.
El horizonte penal de Ponsatí se despejó tras la entrada en vigor el pasado 12 de enero de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, obligando a Llarena a revisar el procesamiento de los huidos del 'procés'.
Hasta ese momento, la ex consejera estaba procesada por sedición, por lo que la desaparición de este delito --penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación-- propició que Llarena lo sustituyera por el de desobediencia, castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años.
Aunque tanto Fiscalía como Abogacía del Estado solicitaron al instructor que sumara el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con penas de 3 a 5 años de cárcel y 6 a 8 de inhabilitación, Llarena lo rechazó.
