ALMONTE (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)
El PP de Almonte (Huelva) va a realizar una evaluación de la construcción que acoge el Hotel La Malvasía, propiedad del asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, tras detectar "irregularidades urbanísticas" en los expedientes de la obra que constan en el Ayuntamiento de la localidad onubense.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Almonte, José Antonio Domínguez, aseguró que el hotel "se inauguró el pasado mes de enero, aunque desarrollaba su actividad aproximadamente desde el verano anterior, sin contar con la licencia de apertura ni de fin de obras".
Además, destacó que "se observan incongruencias entre los técnicos municipales a la hora de conceder la licencia de obras" a la empresa Condeor S.L., cuya administradora única es Montserrat Cornullá, que se dio en marzo de 2005, "cuando la construcción estaba totalmente finalizada".
En este sentido, relató que, "en noviembre de 2004, hay un informe técnico que, tras realizar una visita a las obras del hotel, alerta de que no cuenta con licencia, y advierte de que se está cerrando un torreón que debía estar en la esquina de la manzana, pero que se encontraba en el centro de la misma, por lo que se infringía la modificación puntual número 4 del PGOU".
Con estos argumentos, añadió que el Ayuntamiento, un mes después, "informa de estas irregularidades, que califica de no legalizable, a la empresa, a la que ordena la paralización de las obras como medida cautelar", si bien el técnico municipal, "informó, un mes después, de que esta paralización no se había llevado a cabo, levantando acta la Policía Local el 30 de diciembre del incumplimiento de esta orden por parte de la empresa".
LICENCIA DE OBRAS
Por ello, consideró "curioso" que, en febrero de 2005, "la empresa presente la solicitud de licencia de obras y el proyecto, cuando el hotel está ya casi terminado, y, el 16 de marzo, con una celeridad asombrosa, un técnico municipal, diferente al que detectó las irregularidades anteriores, da favorable la concesión de la licencia, destacando que se trata de una obra basada en un proyecto anterior en el que no se modifica la volumetría, para saltarse otros trámites necesarios y obviando las irregularidades denunciadas que avalaban un incumplimiento del PGOU".
Domínguez lamentó, en este sentido, "que se conceda la licencia de obras cuando éstas debían estar paralizadas y sin mencionar expedientes de disciplina urbanística que se habían realizado en el Ayuntamiento, a pesar de que la volumetría del edificio había cambiado sustancialmente".
A su juicio, de estos hechos "se desprende que los técnicos municipales se podrían haber visto obligados a conceder la licencia de obras en un tiempo récord" y añadió que, de esta forma, "se reafirma nuestra posición de que se podría haber dado un trato de favor a esta empresa".
Tras anunciar que su grupo visitará las obras con un técnico en Urbanismo para "dilucidar las irregularidades denunciadas", vaticinó que "el Ayuntamiento podría tratar de que los procedimientos administrativos se dilaten para tratar de dotar de legalidad a esta obra en el nuevo PGOU que se apruebe".
Además, expresó su "sorpresa en la pasividad del Ayuntamiento para ejecutar por vía administrativa una infracción urbanística cuando hay vecinos de la localidad que tienen multas de hasta 18.000 euros por haber procedido a un cerramiento o a una obra no legalizable, algo que aquí no se ha hecho".