MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar en el Pleno de este martes una iniciativa con la que reclama al Gobierno que no delegue las competencias migratorias a Cataluña, tal y como pactó con Junts, y aborde un plan nacional de inmigración junto a "todas las comunidades autónomas, donde todas tengan los mismos derechos y deberes".
Con su mayoría absoluta, los 'populares' han emplazado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a ser coherente y no someterse "a los dictados de Junts", con quien el PSOE pactó en el Congreso esa delegación de competencias para la Generalitat.
El PP apunta sobre todo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordando que el año pasado aseguró que "tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados".
Así lo recuerdan en el texto de la moción, recogido por Europa Press, con el que instan al Gobierno a no utilizar las "competencias exclusivas del Estado" y la seguridad del Estado como "moneda de cambio" para su "resistencia política".
El PP también apela a respetar las competencias de la Policía Nacional y Guardia Civil en todo el territorio nacional, a la vez que advierte de que el pacto entre PSOE y Junts vulnera normativa europea como el Pacto de Migración y Asilo, que prohíbe la fragmentación en la gestión de fronteras, permisos de residencia y expulsión de inmigrantes irregulares.
Además, señala que el Tribunal Constitucional ha expresado en varias ocasiones que la descentralización "está en máximos" y ello imposibilita la delegación de esas competencias, añadiendo que, "por su naturaleza, deben ser ejercidas por el Estado".
"LA CESIÓN MÁS GRAVE DE LA DEMOCRACIA"
Durante el debate de la iniciativa, la senadora 'popular' Rosa Gallego ha opinado que es "la cesión más grave de la historia democrática probablemente", cargando contra el Gobierno por haberse "cansado ya de levantar muros y ahora querer levantar fronteras entre españoles".
Y ha incidido en que el PP va a combatir esa delegación en los tribunales y en las instituciones europeas, además de recordar la promesa de Alberto Núñez Feijóo de que la revocará si gobierna.
El senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha criticado que dejar la competencia de inmigración al Govern de Cataluña es "entregarla a la inseguridad", ha instado al PP a que utilice su mayoría absoluta en el Senado para impedir su aprobación y ha desechado crear un plan de inmigración con las comunidades, argumentando que "debe de ser un plan nacional del Gobierno".
Por contra, la senadora del PSOE Paloma Hernández ha negado que se ceda a Cataluña el control de fronteras, sino que "lo que se hace es sumar a los Mossos d'Esquadra para que trabajen coordinados" con la Policía Nacional y la Guardia Civil, o el control de los flujos migratorios irregulares, que pasará a ser "más ágil y eficaz".
La socialista ha aprovechado para acusar al PP de "boicotear" el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas y su pacto para los presupuestos de la Comunidad Valenciana con Vox, que "fomenta el racismo y la xenofobia".
BILDU QUIERE PARA EUSKADI LAS MISMAS COMPETENCIAS
Y el compañero de pacto, Junts, ha esgrimido que Cataluña vive una "saturación evidente" por "la llegada de tantas personas que deben ser tratadas como personas" y ha defendido que "no es una ley de expulsión, sino de convivencia".
El senador Eduard Pujol ha dicho que se trata de un "nuevo fenómeno migratorio" que necesita una respuesta "sin descuidar la lengua ni la cultura propia", porque "ninguna nación del mundo" está dispuesta a perder su idioma, que "tendrá que ser un requisito".
Por su parte, la senadora de ERC Sara Bailac ha tildado al PP de "previsibles" por su oposición a que Cataluña asuma esas competencias y ha asegurado que los catalanes quieren que quienes llegan "tengan todos los derechos": "Aspiramos a tener todas las herramientas de un Estado también en materia migratoria para hacerlo bien".
Idurre Bideguren, senadora de EH Bildu, ha defendido que el fenómeno migratorio actual es "relativamente nuevo" y requiere "ampliar el autogobierno vasco para adaptarse a esa nueva realidad", para agregar que el Estatuto de Guernica ya recogía en 1979 competencias en materia migratoria. "Por tanto, es de obligado cumplimiento la transferencia de estas materias", ha reclamado.
En parecidos términos, la senadora del PNV Nerea Ahedo ha dicho que el pueblo vasco "no renuncia a los derechos que le pudieran corresponder en virtud de su historia y que podrán ser actualizados" y ha pedido al PP que se "replantee sus postura" sobre la reforma de la Ley de Extranjería pactada también por PSOE y Junts. "No sé si van a ser insumisos a la ley o simplemente ilegales", ha cuestionado.