MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los diputados del Partido Popular (PP) tumbaron hoy (64 votos en contra, frente a 52 a favor) la moción de reprobación presentada por el grupo parlamentario socialista contra el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, por su gestión y su actuación política por el "caos organizativo y estructural de los servicios de seguridad" de la región, su incapacidad para negociar la Ley de Policía Local y por el incumplimiento de los convenios de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) con los ayuntamientos.
La diputada socialista, Encarnación Moya Nieto, que presentó en la Asamblea esta reprobación, acusó a Granados no sólo de realizar una gestión ineficaz sino además de ser incapaz de responder a las necesidades de los ciudadanos de la región. Además, dijo que su actuación política en los últimos meses "está afectando seriamente a la salud democrática" de la Comunidad, por lo que debe abandonar su puesto en el Gobierno de la Comunidad.
A su juicio, el consejero sólo ha conseguido dos logros: poner en pie de guerra a los colectivos del mundo de la seguridad y estar bajo la sospecha de llevar a cabo seguimientos ilícitos de personas de esta Comunidad. Granados, dijo la socialista, "jamás acepta la más mínima crítica o error", al tiempo que le acusó de falta de transparencia sobre su patrimonio personal y de falta de coherencia por no haber dimitido ante el escándalo de los espías y de su comida "semiclandestina" con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Vieira, el día antes de que el tribunal asumiera la investigación del caso Gürtel. "Porque en democracia no vale con estar, hay que ser. Y en esto usted falla estrepitosamente", le lanzó.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Reneses, reclamó a Granados "que dimita, que se marche porque pensamos que a los madrileños les parecerá una gran noticia". "Ni por acción ni por omisión ha sido capaz de impulsar ninguna medida con algún grado de éxito", consideró, al tiempo que destacó que no le gusta la reprobación de ningún consejero, pero en esta ocasión su grupo la respaldará porque "reprueba las políticas de este reducto neoliberal en España" y para evitar "que esta comunidad no se convierta en el estercolero de este país".
Ante estas acusaciones, el portavoz del grupo PP, Pablo Casado, rechazó la moción por "indigna e injustificada en la forma y en el fondo" pues se trata de una "reprobación que intenta deslucir una trayectoria política intachable" como la del consejero de Interior. A su juicio, lo que está en el fondo de la estrategia de la izquierda es intentar "tapar con espionaje la crisis económica que se está dejando 250.000 parados todos los meses". Son, dijo, "mamparas traslúcidas para tapar la incompetencia del Gobierno del país que está desangrando la economía".
CAOS ORGANIZATIVO
El texto de la moción presentada por el PSOE esgrime "el caos organizativo y estructural de los servicios de seguridad de la Comunidad que ha quedado sobradamente demostrado" en la Comisión de Investigación sobre el espionaje "con las declaraciones contradictorias de los altos cargos y asesores personales de seguridad del consejo sobre las funciones de cada uno y la relación jerárquica entre ellos".
"Las estructuras paralelas y el descontrol que se han puesto de manifiesto en esas intervenciones de los altos cargos y asesores confirman que se han excedido las competencias de la Comunidad de Madrid y abundan en la verosimilitud de la realización de seguimientos ilícitos a personas", indica.
No obstante, también reprocha al consejero el "despilfarro" del dinero público al mantener a un alto cargo sin estructura, el director del Área de Seguridad, Sergio Gamón, "sin estructura,. Competencias, ni funciones y por la utilización de fondos públicos "para realizar actividades en materia de seguridad al margen de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que exceden las competencias que el ordenamiento jurídico otorga a la Comunidad".
Por otra parte, los socialistas culpan a Granados de obstaculizar el desarrollo normal y propiciar el cierre de la comisión de investigación en relación con el supuesto espionaje político en la Comunidad "impidiendo la celebración de las comparecencias solicitadas y la conclusión del plan de trabajo, y eliminando toda posibilidad de esclarecer los hechos, lo que supone una clara vulneración de los derechos fundamentales de los diputados y miembros de la comisión".
Arremeten además contra "la prepotencia y la incapacidad" del consejero para consensuar el borrador de la Ley de Policía Local de la Comunidad con las entidades afectadas, especialmente los Ayuntamientos, al pretender la Consejería "el ejercicio de competencias que no le corresponden, vulnerando el ordenamiento constitucional y la autonomía de los ayuntamientos, y apostando por una confrontación que no beneficia a la colaboración entre administraciones públicas en materia de seguridad".
Esgrime además el incumplimiento de los compromisos adquiridos en los convenios de colaboración suscritos con los ayuntamientos para la dotación de las BESCAM, según los aprobado en los presupuestos y hacerlo "sin incluir el más mínimo criterio de objetividad para determinar esas dotaciones".
Además, el PSOE le acusa de un "afán recaudador abusivo" plasmado en la implantación de una tasa de formación académica, por importe de 2.400 euros, para los aspirantes a policías locales que están legalmente obligados a al realización de los cursos de formación básica. Esta tasa "no tiene precedente en ningún cuerpo de Seguridad del Estado ni en el resto de las comunidades autónomas y supone la financiación de los cursos a cargo de los interesados o de los ayuntamientos correspondientes, que en muchos casos, deberán hacerse cargo del importe de las tasas a pesar de que es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid la formación y homogeneización de las políticas locales en su ámbito territorial.
