El PP pide anular los contratos para traductores del Congreso porque cree que se adjudicaron bajo fraude de ley

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que el Congreso vulneró la ley de contratación pública al adjudicar de manera fraccionada 12 contratos menores para la traducción de las lenguas cooficiales que se pueden utilizar en la Cámara desde el pasado mes de septiembre y, por eso, ha pedido anular esas adjudicaciones y dejar en suspenso los contratos.

Así lo plantea el primer grupo de la Cámara en el recurso de reposición que ha presentado ante la Mesa de la Cámara contra los acuerdos de adjudicación de esa docena de contratos, cada uno de ellos por valor de 14.999 euros, y que suman un total de 179.998.

Los 'populares' recuerdan que los contratos menores son los que tienen un valor inferior a 15.000 euros y que la Ley de Contratos del Sector Público deja claro que un contrato no podrá fraccionarse "con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

SI EL OBJETO DEL CONTRATO ES EL MISMO, NO CABE FRACCIONAR

Añaden que la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación ha determinado que "si el objeto del contrato es único y se divide en diversos expedientes habrá fraccionamiento indebido", y que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha establecido que para que un contrato sea calificado como menor no debe ser modificado de forma fraudulenta y el contratista no debe haber suscrito más contratos menores que superen el umbral establecido.

En su recurso, recogido por Europa Press, el PP aduce que "es evidente" que todos los estos contratos son para prestar el mismo servicio y contienen idénticas condiciones de ejecución. "Corresponden a una misma finalidad técnica y económica, por lo que deberían haberse tramitado en un único procedimiento que hubiera podido, en su caso, dividirse en lotes, pero se ha utilizado la contratación menor, en fraude de ley", esgrimen.

Por ello, defienden que los 12 contratos, cada uno de ellos por un valor de 14.999,99 euros -un céntimo menos del límite fijado en la LCSP-, "se tramitaron como contrato menor para poder llevarlos a cabo eludiendo cualquier procedimiento competitivo de adjudicación y vulnerando con ello los principios de concurrencia, publicidad y transparencia que debe regir en la contratación pública".

ELUDIR LA COMPETENCIA

Además, sostienen que, con este método de contratación se perjudican "de forma grave los intereses generales" porque se impide encontrar una forma de prestación del servicio lo más beneficiosa económicamente posible para el erario público, y que otras empresas o intérpretes puedan acceder a prestarlo, eliminando la libre competencia y llevando a cabo una selección de los adjudicatarios al margen de cualquier criterio de objetividad y transparencia.

En este contexto, el PP asegura que se podrían haber elegido distintos procedimientos de adjudicación de los previstos en la ley para disponer de los servicios de traducción que fueran necesarios y pone como ejemplo el mecanismo contractual seguido por el Senado para la contratación de los servicios de interpretación.

Asimismo, el PP tacha de "ilegal y arbitraria" la justificación de que estos contratos menores se adjudicaron de esta manera por que era necesario disponer de los servicios de interpretación antes del 19 de septiembre de 2023, día en el que se celebró el primer Pleno del Congreso en el que se podían usar las lenguas cooficiales y que, precisamente se dedicó a debatir la reforma del Reglamento que daba vía libre a su utilización.

JUSTIFICACIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA

"La tramitación y adjudicación de dichos expedientes de contratación no contaba con el correspondiente amparo normativo, puesto que la aprobación de la reforma del Reglamento que ampara la utilización de las lenguas cooficiales en el Congreso no se produjo hasta el 21 de septiembre", agregan los 'populares'.

Por todo ello, el PP solicita la anulación de la adjudicación, declarando la nulidad de los contratos suscritos, así como la suspensión de la ejecución los contratos recurridos hasta que se resuelva su recurso.

En el caso de que la Mesa considere que no puede llevar a cabo dicha anulación directamente porque la competencia para resolver correspondería al Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales por exceder de la cuantía de 100.000 euros, el PP solicita que se tenga por interpuesto recurso especial en materia de contratación frente a los mismos, dando traslado al Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales a los efectos precedentes.