MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han presentado sus enmiendas al proyecto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo al recurso de casación y que generaliza la doble instancia penal. En ellas, el PP propone dar más peso al Tribunal Supremo aumentando los supuestos en los que se puede interponer ante él recurso de casación, mientras que los partidos nacionalistas e IU-ICV abogan por potenciar los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas.
En sus enmiendas, a las que tuvo acceso Europa Press, el PP argumenta que es conveniente aumentar el peso específico del Supremo como garante del derecho a la tutela judicial efectiva. Para ello, solicita que se amplíen las resoluciones contra las que se puede interponer recurso de casación, incluyendo las resoluciones dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, así como los autos de inadmisión, los que pongan fin al procedimiento judicial o los que resuelven de forma definitiva sobre la extinción, sustitución o suspensión de la pena, siempre que también sean decretados en segunda instancia.
El PP justifica su petición argumentando que "no se muestra justificada la restricción al acceso casacional" del proyecto de ley del Gobierno, que además "limita la función unificadora a las leyes penales, olvidando plenamente cualquier tarea en la unificación de interpretación que ha de darse a normas esenciales".
Asimismo, los 'populares' solicitan que se puedan interponer también recursos de casación que estén fundamentados en infracción de precepto constitucional, además de en los supuestos contemplados en el proyecto de ley (contradicción con la jurisprudencia del Supremo o con otra sentencia dictada en segunda instancia).
También proponen la adición de un nuevo capítulo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que se recoja la posibilidad por parte del fiscal general del Estado de interponer un nuevo "recurso de casación en interés de la ley" contra las sentencias de los tribunales penales, "inclusive cuando no corresponda recurso" según la citada ley, o cuando "el acusado o las partes acusadoras de la causa no hayan recurrido".
Asimismo, solicitan que en materia contencioso-administrativa no sólo se pueda recurrir ante el Supremo las sentencias de la Audiencia Nacional, sino también las dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
Por otro lado, también consideran conveniente que se pueda plantear al alto tribunal cuestiones de interpretación por órganos judiciales inferiores de última instancia, antes de dictar sentencia, cuando consideren que "deben apartarse de la interpretación dada por el Tribunal Supremo o cuando no exista en absoluto doctrina jurisprudencial sobre la norma".
DESCENTRALIZAR LA JUSTICIA
Por su parte, los partidos nacionalistas e IU-ICV solicitan en sus enmiendas al proyecto de ley que se potencie la función de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, para adaptar la administración de Justicia al Estado autonómico y descongestionar al Tribunal Supremo de volumen de trabajo.
En esta pretensión de ampliar las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia coinciden, entre otros, los grupos parlamentarios de CiU, ERC, PNV e IU-ICV, a cuyas enmiendas ha tenido acceso Europa Press. Así, el PNV pide que estos tribunales "desarrollen su función casacional en todas las ramas del derecho, ya sea estatal o autonómico" y ERC considera que deben ser "la última instancia judicial" en lugar del Tribunal Supremo, al que se le reserva la función de unificación doctrinal.
Las enmiendas de CiU, por su parte, están encaminadas a adaptar el proyecto de ley al "nuevo marco competencial que se define tras la aprobación" de la reforma del Estatuto catalán y así adaptar la "administración de Justicia al Estado Compuesto". IU-ICV también propone ampliar "el ámbito del recurso de casación que es competencia" de los Tribunales Superiores de Justicia, "en equiparación con el ámbito del recurso" en que es competente el Supremo.
ERC también solicita que se suprima la Audiencia Nacional, a la que consideran "heredera del Tribunal de Orden Público" franquista, y cuya "excepcionalidad" no estiman necesaria en la actualidad. Tanto CiU como PNV instan que el proyecto de ley suprima también la Sala Quinta del Tribunal Supremo (de lo Militar).
Según los nacionalistas vascos, esta Sala ha realizado "una labor extraordinaria de unificación de doctrina castrense", pero en la actualidad tiene una "exigua carga de trabajo", que según ellos se redujo el año pasado en un 30%. Por ello, tanto CiU como PNV proponen que sea suprimida y sus asuntos pasen a depender de la Sala Segunda y la de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
