PP quiere "identificar" como competencias "irreductibles" del Estado la política exterior, seguridad y gestión de crisis

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria ejecutiva de Política Local y Autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ofreció hoy un pacto al PSOE para "arreglar" la situación actual del modelo de Estado, que atraviesa, en su opinión, un momento "crucial", debido a que se han "vulnerado" los principios fundamentales que lo sustentan, tales como el "consenso y la lealtad institucional". Además, abogó por "identificar" como competencias "irreductibles" del Estado la política exterior, la seguridad y la gestión de crisis.

Durante su intervención en el Fórum Europa, resaltó que los 'populares' están "dispuestos" a llegar a un "entendimiento" con los socialistas, al tiempo que manifestó su deseo de que "en un tiempo no muy lejano haya un PSOE sensato", que recupere la "senda del consenso, de la que nunca debió salir". "El modelo en sí no es un problema, y si los dos grandes partidos nacionales se lo propusieran, la situación actual tendría arreglo de forma inmediata", afirmó.

En este sentido, subrayó que el Estado de las Autonomías sigue conservando una "extraordinaria potencialidad", al tiempo que señaló que los "problemas" que actualmente existen en torno al modelo de Estado están asociados a la "deriva soberanista que ha experimentado el nacionalismo en los últimos años" y a "disfuncionalidades muy concretas, generadas por el desarrollo operativo del propio modelo".

Asimismo, indicó que la quiebra del consenso y la lealtad institucional tiene un momento muy concreto, que fue la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña, una ley de "música soberanista y letra inconstitucional". Según dijo, con la aplicación de este Estatuto se han "agudizado las disfunciones y, de no corregirse por el Tribunal Constitucional, alterarán profundamente el modelo".

AGENCIA O NUEVA INSTITUCIÓN PARA CRISIS

Sáez de Santamaría se refirió concretamente a asuntos competenciales que afectan al Estado y a las CCAA. Preguntada acerca de qué otras competencias, aparte de las que contempla el artículo 149 de la Constitución, debería tener el Estado, abogó por identificar las competencias que deben formar el núcleo "irreductible" que asegure la viabilidad de un Estado con capacidad de decisión. Entre ellas, subrayó la política exterior, la seguridad y la coordinación en situaciones de crisis.

Sobre esto último, señaló en este país ha habido muchas crisis, medioambientales o sanitarias, que demandan una respuesta "coordinada y generalmente el ciudadano mira al Estado para ello", a pesar de lo cual éste no tiene ninguna competencia para coordinar la protección civil. En su opinión, habría que plantearse "un mecanismo, una Agencia o cualquier otra institución de esa naturaleza" para afrontar las situaciones de crisis.

Asimismo, resaltó que la experiencia vivida en estos dos años de Gobierno socialista y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del modelo autonómico, aconsejan establecer mecanismos que lo "salvaguarden y fortalezcan" constitucionalmente. Siguiendo en esta línea, recalcó que, por ejemplo en urbanismo, el Estado tiene "muy pocas, por no decir nulas competencias", a pesar de lo cual los ciudadanos reclaman una actividad concreta del Estado en materia de urbanismo y vivienda.

LEY DEL SUELO "INCONSTITUCIONAL"

En este punto, subrayó que, por contra, la Ley del Suelo que está en discusión en las Cortes Generales atribuye al Estado competencias que exceden de su ámbito competencial, algo que, a su juicio, podría ser "incluso objeto de un recurso de inconstitucionalidad". Así, planteó la necesidad de operar una verdadera segunda descentralización de competencias, para que los ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales sean la "tercera pata" de la administración territorial.

La dirigente popular aseguró que hasta ahora no se ha avanzado lo "suficiente" en la financiación local, que ha pasado de ser un 11 por ciento de los recursos del Estado en 1979, "a poco más del 14" en la actualidad, por lo que tiene reclamó un compromiso para mejorar esto. Solicitó, además, que se otorgue a las corporaciones locales un rango que no las convierta en una administración dependiente de la CCAA, de "segundo grado", y añadió que esta es una "asignatura pendiente" para vertebrar el Estado de las Autonomías y para solucionar "muchos otros problemas en otros escalones".

En lo que tiene que ver con el modelo de financiación del Estado, apuntó que la "única" posibilidad es apostar por la multilateralidad, ya que sistemas "bilaterales como el catalán" no son ni "admisibles", ni "defendibles", por lo que manifestó su deseo de que el Tribunal Constitucional lo "corrija" en este punto.

"La financiación tiene que ser multilateral, con la única excepción del hecho insular, y fuera de eso, la financiación debe resolverse entre todos y para todos, y hay muchos aspectos del Estatuto de Cataluña que, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la mano, tienen poco encaje si es fiel a sus propios pronunciamientos", insistió.

ESTATUTOS DE CASTILLA Y LEÓN Y ARAGÓN

Preguntada acerca de su opinión sobre el texto estatutario de Castilla y León que mañana debatirá el Parlamento de esa CCAA, aseguró que se trata de un Estatuto que nace con una vocación de consenso "indudable, desde el primer momento", y que no se enreda en debate identitarios, puesto que los castellano leoneses saben "perfectamente lo que son y se siente profundamente españoles".

En este sentido, indicó que tampoco "se mete en blindajes" y en atribuirse competencias que la CCAA "no tiene", y nace con la intención de "resolver y mejorar algunas cuestiones de funcionamiento, con un planteamiento de lealtad a la Constitución que lo hace absolutamente viable". "De todos los Estatutos que llevo vistos es, en técnica legislativa, de los mejor escritos que he visto, y eso después de la mili que llevamos hecha, es de agradecer", subrayó.

Otra pregunta se refirió al Estatuto de Aragón, y sobre si Sáenz de Santamaría consideraba que aprobar para esa CCAA una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos supone "blindar" el río Ebro, y sobre si está dispuesta a mantener esta reserva en las negociaciones con el PSOE. Ante esto, se limitó a decir que "está claro" que esa reserva aparece en la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), si bien puntualizó que a ella le preocupan más otras reservas, como las que ha aprobado el PSOE en la desembocadura del Ebro.

Por tanto, adelantó que en este Estatuto harán "como en todos los otros", y llevarán a cabo una "relectura" para "encajar" lo que puede decir una ley y lo que puede decir un Estatuto. Resaltó, además, que el agua es "claramente" una tensión territorial, de la que es "responsable el Gobierno por no ejercer su competencia y dejar que surjan los problemas"

Finalmente, aprovechó esta cuestión para criticar al Gobierno, al que acusó de derogar el PHN y no dar otras alternativas. "Hoy por hoy la gestión y la planificación hidrológica es competencia del Estado, pero el problema es si el presidente del Gobierno está dispuesto a ejercerla, o por no meterse en líos, está dispuesto a dejarlo pasar", aseguró.

Sáez de Santamaría estuvo acompañada en esta conferencia por altos cargos del PP, entre los que se encontraban su presidente, Mariano Rajoy; el secretario general, Ángel Acebes; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; y la presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.