El PP sigue adelante en el Senado con la reforma exprés del TC

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprobado este martes en la Comisión Constitucional del Senado la reforma de la ley del Tribunal Constitucional para asegurar la ejecución de sus sentencias, que cuenta con el voto en contra de toda la oposición. La proposición de ley será aprobada el jueves en el Pleno y será la última norma que salga del Senado en esta legislatura.

El debate en comisión ha coincidido con el inicio de las declaraciones de los dirigentes catalanes imputados por organizar el proceso participativo del 9-N, entre ellos el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que declarará el jueves.

La portavoz del PP, Rosa Vindel ha asegurado que lo ocurrido ese 9 de noviembre de 2014 demuestra la necesidad de esta reforma del TC: evitar "el incumplimiento" de las sentencias y que se busquen "vías alternativas" para "soslayar" lo que dicta.

"Se indignan porque la ley se modifica para que se cumpla, en vez de indignarse por su incumplimiento", ha dicho la portavoz dirigiéndose fundamentalmente al PSOE, al que ha acusado de indignarse por esta reforma, "pero no con quien con astucia sin límites pretende saltarse la ley a la torera, salir inmune y que se le dé una ovación". "¿De qué manera plantean el reforzamiento de las instituciones del Estado?", ha preguntado a los socialistas.

Vindel ha asegurado que desde julio está suspendida por el TC la figura del Comisionado para la transición nacional, al admitirse a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra su creación. "Pero la Generalitat no ha ejecutado la suspensión, mantiene el cargo, la personal y el sueldo", ha dicho. Lo mismo ocurre con la creación de una agencia tributaria catalana, cuya ley autonómica está igualmente suspendida, pero la Generalitat sigue adelante con los trámites, ha dicho la portavoz.

"No hay procedimientos coercitivos para el TC, porque no se contempló en su día que a las autoridades de una Comunidad Autónoma les importara entre nada y menos las resoluciones del TC. Los retos son de constantes ilegalidades", ha añadido.

El PP ha rechazado en la Comisión Constitucional los vetos presentados contra esta reforma por Compromís, PNV, CiU, ICV, PSC, ERC y PSOE, así como todas las enmiendas registradas. La norma será aprobada el jueves por el Pleno del Senado y se enviará directamente al BOE para su publicación y entrada en vigor.

UNA REFORMA POLÍTICA

Por parte del PSOE, Tontxu Rodríguez ha asegurado que con esta reforma se cambia la naturaleza del Tribunal Constitucional "para hacer frente al proceso soberanista catalán". "Están legislando para una persona, con clara finalidad política", ha dicho. "Legislan 'ad hoc'", ha criticado.

El portavoz socialista ha insistido en que la justicia ordinaria "vela por que se hagan efectivas" las resoluciones del TC, que no necesita tener carácter ejecutivo. Y ha advertido al PP de que "vuelve a quedarse solo" con esta iniciativa, rechazada por todos los grupos de la oposición.

En este mismo argumento de legislación 'ad hoc' ha insistido el portavoz de la Entesa pel Progrés de Catalunya, Carlos Martí, para quien "es lo peor que se puede hacer". El portavoz le ha preguntado al PP que si esta reforma es "tan de cajón" por qué no la envió a las Cortes hace un año, cuando se organizó el 9-N pese a la prohibición de una consulta soberanista por parte del TC.

IMPUTAR LAS URNAS

Por parte de CiU, Teresa Rivero ha acusado al PP de dictar "leyes contra personas" y ha hecho referencia a la imputación de la exvicepresidenta del Gobierno catalán Joana Ortega, de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y de Artur Mas por el 9-N.

"Si pretenden para el proceso con imputaciones, echen un vistazo a lo que pasa en Cataluña", ha dicho la portavoz. "Persiguiendo políticamente al 'president' no van a terminar con el proceso: echan gasolina al fuego, es una irresponsabilidad política. Hablan de diálogo, pero su diálogo es tan ancho como los dos centímetros del cable de una televisión de plasma", ha añadido.

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha cargado contra el contenido de esta reforma pero también contra el procedimiento urgente. "Esta proposición nunca tendría que haber existido", ha dicho. "Ustedes tienen que terminar la legislatura cuanto antes porque son un verdadero peligro para la democracia", le ha dicho al PP.

Por parte de ERC, Esther Capella ha asegurado que esta reforma responde a "un debate político" y que el PP lo asume así al justificar los motivos por los que la lleva adelante. A su juicio, se cambia la naturaleza jurídica del TC, que podría pasar a ser "otra sala del Supremo".

LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER A UN PRESIDENTE

La reforma de la Ley del Tribunal Constitucinal detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC. A partir de ahora, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.

Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo el próximo 21 de noviembre), que adopte "las medidas necesarias" para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal.

Y en los casos "de especial trascendencia constitucional", el TC, ya sea de oficio o a instancia del Gobierno, podrá adoptar esas medidas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Después se habilitará un plazo de tres días para dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía, tras los cuales el Alto Tribunal decidirá si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.