MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
España quiere promover una moratoria universal de la pena de muerte aprovechando que su Presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea (UE), en el segundo semestre de este año, coincidirá con el 75 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se cumple en diciembre.
Así lo ha anunciado en el Congreso el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, quien ha comparecido ante la Comisión Constitucional de la Cámara Baja para exponer las líneas generales del borrador del segundo Plan de Derechos Humanos redactado por el Gobierno.
Esa moratoria universal de la pena capital --en la que, según ha señalado Simancas, ya está trabajando la comunidad internacional-- debe ser el paso previo su la "abolición total y efectiva" y por ella trabajará también España en su presidencia de turno europea.
Además, se promocionarán los principios del Estado de Derecho también "dentro de las fronteras europeas" donde, a juicio del también diputado socialista todavía "hay cosas que hacer y que decir".
NO ES UNA CARTA A LOS REYES MAGOS
Simancas ha acudido al Congreso para explicar a los grupos parlamentarios del borrador del Plan de Derechos Humanos e invitarles a hacer aportaciones al mismo para que puedan ser incorporadas, si se estima oportuno, antes de que lo apruebe el Consejo de Ministros.
En esta ocasión el Ejecutivo ha planteado un plan con una duración de cinco años, con el objetivo de que trascienda la legislatura, no sea un documento de partido similar a un programa electoral y contenga unos objetivos "de país". "No es una carta a los Reyes Magos sino un documento para una sociedad más justa, democrática y digna".
También ha resaltado, como novedad, que recoge instrumentos para hacer una evaluación continúa de su aplicación, con "indicadores objetivables" e informes que se presentarán anualmente en el Congreso, y que se creará un Comité de Dirección para hacer ese seguimiento del que formarán parte comunidades autónomas, entes locales y organizaciones especializadas en Derechos Humanos.
Durante su comparecencia, Simancas ha respondido a las diputadas de ERC, Montserrat Bassa, y de Junts, Mariona Illamola y Josep Pags, que han sacado a colación las críticas de algunas organizaciones no gubernamentales sobre el respeto a los Derechos Humanos en España a cuenta del proceso independentista catalán.
NO SE PERSIGUEN IDEAS, SINO VULNERACIONES DE LA LEY
Simancas ha negado que en España se "persigan ideas" o no se respeten los Derechos Humanos. Según ha defendido, lo que persigue la Justicia española "las vulneración de la ley", pero hay "separación de poderes" y los Derechos Humanos "se cumplen como en las mejores democracias".
También ha aprovechado para defender la reciente Ley de Memoria Democrática y para ensalzar el proceso de transición de la dictadura a la democracia: "Si alguien pretendía que hubiésemos puesto en solfa la Transición, no siento haberlos defraudado porque somos muy defensores d ela transición y presumimos de ella", ha señalado.
Según ha explicado, esa ley no extiende el franquismo a 1983, sino que busca reconocer que, en los cinco años posteriores a la Constitución, también "hubo demócratas perseguidos por algunos que no eran demócratas" y que deben señalarse a los culpables. "Pero la transición es un episodio que este gobierno reivindica", ha insistido.
LA LEY MORDAZA YA HA SIDO REBAJADA
Ante las quejas por la no derogación la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'ley mordaza', el secretario de Estado ha puesto en valor los acuerdos alcanzados en la ponencia del Congreso con los aliados parlamentarios del Gobierno. "La tarea está muy avanzada. Estamos cerca ¿por qué no la sacamos adelante"?, ha preguntado a sus interlocutores.
Eso sí, ha admitido que "quedan algunas cosas" como el tema de los rechazos en frontera o la prohibición el uso de pelotas de goma. Ha reconocido que las 'devoluciones en caliente' son un tema "de alcance" pero que, en opinión del Gobierno, "no tiene que ver con la seguridad ciudadana" y no debería tratarse en esa reforma.
Respecto a las pelotas de goma, ha incidido en que los acuerdos alcanzados ya prevén la prohibición de utilizar "material especialmente lesivo para las personas" pero que no consideran necesario concretar más en la ley.
En otro momento de su intervención ha expresado su deseo de que pueda llegarse a un acuerdo también en torno a la Ley de Vivienda que llegó al Congreso hace casi un año. "Ayer hubo una reunión bastante productiva, ojalá podamos ponernos de acuerdo para sacar la primera ley del Derecho a la Vivienda de la democracia porque este es uno de los grandes problemas del país", ha afirmado.
