BURGOS, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, subrayó hoy la necesidad de acometer una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ante la "elevada carga de trabajo" que arrastran las distintas salas del citado órgano y consideró que "es hora de enfrentarse con las soluciones", que pasan por la adecuación de recursos humanos y materiales y la descarga del alto tribunal.
Hernando, de visita hoy en Burgos para inaugurar el curso académico de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, incidió en la oportunidad de la reforma, pese a encontrase en un momento en el que los procesos de descentralización de los poderes del Estado despiertan una "gran sensibilidad social".
Agregó que si la reforma supone el incremento de los medios personales y materiales o la descarga de trabajo al TS, a través de la restricción de sus competencias y consiguiente atribución del conocimiento de determinados tipos de asuntos a otros órganos dentro del propio orden jurisdiccional, el alto tribunal podría cumplir con su función "unificadora" de la jurisprudencia.
En ese caso, serían los Tribunales Superiores de Justicia los encargados de asumir los asuntos de los que se liberaría al Tribunal Supremo.
INQUIETUD POR LA REFORMA
Hernando añadió que los procesos iniciados en la redefinición y redistribución de las competencias en los TSJ de las comunidades autónomas, y las que corresponden al Tribunal Supremo, son una de las cuestiones "que mayor atención suscitan hoy", en especial a los jueces y magistrados.
Con respecto a la reforma que plantea el Ejecutivo, señaló la "inquietud" que genera, en su opinión, sobre cuál será el resultado final de este proceso y sobre la posibilidad de que pueda quedar desdibujada la función constitucional del Tribunal Supremo", lo que ya dio lugar a "pronunciamientos explícitos y concordes" en el mundo de la judicatura.
Precisó, sin embargo, que la sobrecarga de trabajo del Tribunal Supremo "afecta directamente al derecho de los ciudadanos, a una Justicia pronta y efectiva, a la seguridad jurídica y a la imagen de la Justicia entre los poderes del Estado".
"Se hacía necesario, por consiguiente, apostar por las reformas, en concreto, por aquellas que se dirijan a racionalizar los recursos humanos y materiales existentes dentro de la jurisdicción ordinaria y a optimizar su rendimiento en pos de la mejor Justicia posible", agregó.
