El preso de Guantánamo entregado a España dice no estar "de acuerdo" con el terrorismo islamista

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira solicitó hoy una pena de 8 años de prisión para el preso marroquí de Guantánamo (Cuba) entregado a España Lahcen Ikassrien, a quien considera autor de un delito de integración en organización terrorista al entender que formó parte de Al Qaeda y que luchó en la guerra de Afganistán junto con los talibanes.

Por el contrario, el acusado rechazó en el juicio haber mantenido cualquier vinculación con la organización terrorista y negó haber combatido como 'mujahidin' en Afganistán. Ikassrien, al ser preguntado por su abogado, aseguró escuetamente que no está "de acuerdo" con el terrorismo islamista y mostró su oposición a los atentados del 11 de marzo de 2004 cometidos en Madrid.

El procesado, quien vivía en España desde 1989, se trasladó al país asiático en 2000, según dijo, para "cambiar de ambiente y ver cómo era aquello". Según la acusación del fiscal, Ikassrien pertenecía a la célula española de Al Qaeda liderada por Imad Eddin Barakat Yarkas, "Abu Dahdah", condenado por el Tribunal Supremo a 12 años de prisión.

El propio "Abu Dahdah" compareció como testigo en la vista oral, donde aseguró que no conocía al acusado y que era la primera vez que le veía. También rechazó la tesis del fiscal de que mantuvo reuniones con Ikassrien en Turquía, antes de que éste se desplazase a Afganistán, para suministrarle dinero y facilitarle el traslado al país asiático.

El líder de la célula islamista reconoció haber realizado tres viajes a Turquía, pero aseguró que eran exclusivamente de negocios y negó haberse reunido allí con el acusado.

NEGÓ LOS VÍNCULOS CON LA CÉLULA DEL 11-M

En su declaración, Ikassrien negó su pertenencia a Al Qaeda y rechazó haber mantenido relaciones, como sostienen los informes policiales sobre la célula española de Al Qaeda, a islamistas radicales como Said Berraj y Jamal Zougam, presuntamente involucrados en la matanza del 11-M en Madrid, o Abdelaziz Benyaich, "Abu Mujen", condenado en Marruecos por su participación en los atentados de Casablanca. Asimismo, desmintió haber conocido jamás al líder de la organización, Osama Bin Laden, o a cualquier persona de su entorno.

El acusado negó que las heridas que se le detectaron cuando fue detenido fueran causadas por combates en los que participó junto a los talibanes, como sostiene el Ministerio Público. Según dijo, fue detenido por miembros de la Alianza del Norte (aliados del Ejército de EE.UU. en la guerra) y, durante su cautiverio, sufrió las heridas, aseguró, por los bombardeos norteamericanos y por las torturas a las que supuestamente fue sometido.

Aseguró que, mientras estuvo detenido en Afganistán, los militares estadounidenses le golpearon con una pistola en la cabeza y le amenazaron con cortarle las manos y los pies, y con sacarle los ojos. Después de una semana, fue trasladado a Guantánamo, donde sostuvo que también fue sometido a torturas, tales como inyectarle "virus de perro": "Allí no había abogados ni médicos, sino palos y perros", dijo.

DOCTRINA DEL "TALIBÁN ESPAÑOL"

Ikassrien se encuentra en libertad desde el pasado 29 de julio, a petición de la propia Fiscalía tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que absolvió al ceutí Hamed Abderrahaman Ahmed, alias "Hmido", quien estuvo dos años en la citada base estadounidense, al anular varias de las pruebas que pesaban contra él.

Tanto el fiscal como el abogado defensor de Ikassrien, Sebastiá Salellas, se refirieron en su informe de conclusiones a esta sentencia del alto tribunal. El representante del Ministerio Público intentó desvincular la carga probatoria contra el acusado de las intervenciones telefónicas efectuadas a "Abu Dahdah" y de las actuaciones realizadas en Guantánamo, que el Supremo anuló en su sentencia.

Así, el fiscal aseguró que hay "más que pruebas suficientes" de las relaciones entre "Abu Dahdah" e Ikassrien, que fueron supuestamente constatadas antes de que éste fuese trasladado a Guantánamo o de que se efectuasen las escuchas telefónicas.

Si el tribunal estimase que no se puede acreditar la pertenencia del procesado a Al Qaeda, dijo, sí existirían pruebas de su viaje a Turquía y a Afganistán, que el propio acusado reconoció, y de que luchó a favor de un "régimen terrorista" como el talibán.

Por el contrario, el abogado defensor pidió la libre absolución de su defendido, al entender que la invalidación de las pruebas provocaría que todo el proceso fuese anulado de raíz. En su opinión, el que se hubiese reunido en dos ocasiones con "Abu Dahdah" en Madrid no es prueba suficiente para considerarle un integrante de Al Qaeda, ni su viaje a Afganistán demuestra que combatiese allí como 'mujahidin'.

Incluso si hubiese participado en la guerra de Afganistán junto con los talibanes, dijo, este hecho no sería suficiente para ser calificado como un delito de integración en organización terrorista. Así, instó al fiscal a ejercer el "derecho penal, y no la política criminal".