Se amplía el plazo de alegaciones contra la conclusión del sumario por problemas informáticos que dependen de Justicia
MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Problemas técnicos en la plataforma informática ('nube') a la que deben acceder para tramitar sus escritos los abogados de la causa del 'procés' independentista en el Tribunal Supremo están causando un importante retraso en la tramitación de este procedimiento judicial y pueden acabar afectando al calendario inicialmente previsto para la celebración del juicio.
Este lunes 1 de octubre debía haber concluido el plazo para que las defensas de los procesados presentaran alegaciones contra el auto por el que el magistrado Pablo Llarena dio por concluida la instrucción de este asunto el pasado mes de junio.
En este trámite -obligatorio antes de poder proceder a la apertura de juicio- las partes pueden mostrarse de acuerdo con la finalización de la investigación o por el contrario pedir más pruebas.
Fuentes del alto tribunal y de las defensas consultadas por Europa Press han señalado que este plazo -que inicialmente debía concluir el pasado 24 de septiembre y fue ampliado hasta este lunes- se ha dilatado de nuevo debido a los problemas que tienen los letrados para acceder a la 'nube' y descargarse o presentar escritos.
Se les ha dado dos días más para cumplimentar la entrega de las alegaciones, si bien este nuevo plazo empezará a contar en el momento en el que el problema en la plataforma telemática sea solventado, y ello depende del Ministerio de Justicia.
La Fiscalía y Vox ya contestaron a este plazo de alegaciones señalando que estaban de acuerdo con la conclusión de Llarena y no consideraban necesaria la práctica de nuevas pruebas, mientras que la defensa de del ex miembro de la Mesa Joan Josep Nuet no va a presentar tampoco alegaciones.
EL JUICIO PUEDE RETRASARSE
El incidente tiene cierta importancia porque puede dar al traste con todo el calendario previsto por la Sala de siete magistrados que juzgarán el caso y que tenían previsto iniciarlo, al menos en lo que se refiere a las cuestiones previas a principios de diciembre, para poder tener sentencia tras las elecciones municipales de mayo de 2019.
Si se tardaen dar firmeza al auto de Llarena también se retrasará el auto de apertura de juicio oral, que es el que da el pistoletazo de salida para la presentación de escritos de petición de penas tanto por parte de la Fiscalía como por la de la Abogacía del Estado y Vox. Tras ello debe darse tiempo a las defensas para que presenten sus respectivas conclusiones provisionales, y después poner fecha al juicio.
En el Tribunal Supremo están procesados por presunta rebelión y malversación el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, mientras que solo por rebelión: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la 'número dos' de ERC Marta Rovira, el expresidente de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.
También han sido procesados por supuesta desobediencia y malversación otros exconsellers como Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, mientras que se les atribuye desobediencia a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y a las exdiputadas de la CUP en el Parlament Mireia Boya y Anna Gabriel.
En su auto de procesamiento, el juez Llarena considera que los encausados por rebelión impulsaron a la ciudadanía favorable a la independencia a que hicieran frente al dispositivo policial que tenía la orden judicial de impedir la votación del 1-O lo que "supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente aconteció el día de la votación".
El juicio en el Alto Tribunal se preveía en principio que pudiera celebrarse a partir del próximo enero, justo después de las fiestas navideñas, aunque se deja en una pieza separada a los procesados que han sido declarados en rebeldía (Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig, Serret, Rovira y Gabriel) por lo que no se sentarán en el banquillo de los acusados, si bien no podrán regresar a España hasta que la causa prescriba y en el caso de regresar serán detenidos y juzgados.
En el Supremo se preparan para un juicio en el que se sentarán en el banquillo 18 acusados _nueve de ellos actualmente en prisión preventiva_, un proceso sin precedentes en el alto tribunal que suele ser un órgano de casación y no de enjuiciamiento, aunque sí ha celebrado otros juicios como recientemente el del exconseller Francesc Homs por la consulta del 9-N.
FISCALÍA PEDIRÁ CASI 100 TESTITOS
El juicio se augura que pueda durar entre dos y tres meses -solo la Fiscalía tiene previsto llamar a unos 90 testigos, según fuentes consultadas por Europa Press- , aunque la voluntad del Alto Tribunal es ir lo más rápido posible, para lo que se harán sesiones de mañana y tarde todos los días.
Con este calendario las mismas fuentes aseguran que la futura sentencia, teniendo en cuenta todas las deliberaciones que deberán producirse, no llegará hasta después de las elecciones municipales de mayo.
