Contempla la discriminación positiva hacia la mujer en casos de empate y en sectores en los que esté infrarrepresentada
PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Gobierno balear aprobó el Proyecto de ley de la función pública, que tiene como finalidad avanzar en su profesionalidad y modernización, e incluye novedades como la prohibición de que los altos cargos del Ejecutivo participen en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de libre designación de la administración, con el objetivo de separar los puestos de trabajo de naturaleza política y los de los funcionarios públicos
La consellera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, explicó otras medidas que contempla este proyecto de ley "largo y complejo" -203 artículos, 21 disposiciones adicionales, 22 disposiciones transitorias y cinco disposiciones finales- como las destinadas a alcanzar el reconocimiento de la igualdad entre sexos. Así, cuando haya empate entre una mujer y un hombre a la hora de acceder a la función pública, se producirá una discriminación positiva hacia la primera siempre que se trate de un sector en el que las féminas tengan poca representación.
Además, en los concursos de méritos, se valorará como tiempo trabajado el periodo que se haya estado en excedencia, reducciones de jornada o permisos por cuestiones relacionadas con la paternidad o el cuidado de familiares.
El Proyecto de ley, que será remitido a la Cámara balear para su debate parlamentario, ya fue entregado a los grupos políticos de la oposición. En este sentido, la consellera afirmó que UM ha mostrado una actitud colaboradora y ha indicado que está "de acuerdo" con el texto.
En cuanto a los populares, indicó que ella misma mantuvo un encuentro con el portavoz en el Parlament, Francesc Fiol, a quien se le entregó el proyecto aunque "no nos han contestado". Además, Costa remarcó que el Govern está "abierto" a "cualquier propuesta venga del grupo que venga".
La ley tiene como objetivos adaptarse al nuevo Estatuto básico del empleado público y fijar las bases del desarrollo de las novedades introducidas por éste, especialmente en lo referente a la carrera profesional, la evaluación del cumplimiento y los puestos de trabajo del personal directivo.
Además, busca solucionar las cuestiones que han sido polémicas durante los últimos años, como el modelo de provisión de puestos o el de selección para el ingreso en la administración, y unificar en un sólo texto todas las disposiciones legales que afectan al personal del Govern, Consells, ayuntamientos y del resto de sector público autonómico.
Esta ley será la primera vez que sea de todas las administraciones de las islas y no sólo de la administración autonómica, de manera que su ámbito de aplicación contemplará desde las entidades locales, como la administración autonómica y las entidades de derecho público que dependan de ésta.
Además, en mayor o menor medida, según el tipo de ente público, afectará al sector público autonómico y regulará al personal de éste para "avanzar en la transferencia y en la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad".
El proyecto de ley incluye unos límites de la provisión de puestos de empleo mediante el procedimiento de libre designación, que estará "reducido de forma sustancial". Por otra parte, los límites para el concurso-oposición están establecidos en el 20 por ciento del concurso.
Para redactar el texto, el Govern constituyó un grupo de trabajo hace "casi dos años" con los sindicatos presentes en la Mesa de Negociación de Servicios Generales -CCOO, CSIF, STEI-i, UGT y USO-, voto favorable de los cuales aprobó el proyecto el pasado 2 de febrero.
