MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE está ultimando su recurso al Tribunal Constitucional contra el decreto-ley que permitirá al Gobierno nombrar al próximo presidente de RTVE únicamente con los votos del PP en el Congreso y uno de los motivos que esgrimirá es que no se dan "razones de urgencia" que justifiquen aprobar este cambio mediante un decreto-ley, según han informado a Europa Press fuentes socialistas.
El PSOE ya anunció la semana pasada que se opondrá "con todas sus fuerzas" e intentará "paralizar" el real decreto-ley con el que, a su juicio, los 'populares' pretenden volver a una "televisión de partido" en detrimento del "modelo plenamente democrático" de hoy en día.
El Gobierno ha aprobado un cambio en el régimen de administración de RTVE argumentando que los socialistas están "bloqueando" el nombramiento de un nuevo presidente de la corporación, de manera que si no hay acuerdo para elegirlo por mayoría de dos tercios de la Cámara Baja bastará con la mayoría absoluta, es decir, con los votos del PP.
El PSOE, en cambio, niega estar bloqueando la negociación. Los socialistas reconocen que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le propuso un nombre al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, pero insisten en que no ponerse de acuerdo en un nombre no es bloquear. Más bien, alegan, es Rajoy quien bloqueó las conversaciones desvelando la reunión privada que tuvo con Rubalcaba y no contestando a la carta que éste le envió después para intentar reactivarlas.
Además del cambio en el sistema de nombramiento del presidente, el decreto-ley excluye a los sindicatos del consejo de administración de la corporación, algo que tampoco gusta al PSOE. Esta semana, en un acto con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, Rubalcaba garantizó que cuando los socialistas vuelvan al Gobierno repondrán a los sindicatos "uno por uno todos los derechos" que los 'populares' les están quitando.
El PSOE ha anunciado también recursos de inconstitucionalidad contra la reforma laboral y contra la amnistía fiscal. En este último caso, uno de sus motivos será también la aprobación de la medida mediante un decreto-ley, argumentando que esta figura jurídica no puede utilizarse para crear un nuevo impuesto, conforme a la doctrina constitucional.